El fiscalía general encargado, Jorge Perdomo Torres, afirma que tienen la certeza de que existen las pruebas suficientes para mandar a la cárcel a quienes en La Guajira propiciaron el saqueo de los recursos públicos, destinados a la salud, la educación y la alimentación de niños wayuu que, día a día, mueren por desnutrición. El enriquecimiento de funcionarios y contratistas lo califica como una 'infamia' y sostiene que los perseguirán, a tal punto que pedirán a la Interpol que capture a quienes han huido, al parecer a Venezuela. Perdomo respondió vía internet el siguiente cuestionario de EL HERALDO.
P El país y la Costa en general siguen asistiendo a la crisis humanitaria de La Guajira, en cuyo trasfondo se ha descubierto que esta se encuentra ligada directamente al robo de las regalías, la salud, la educación y los alimentos de niños, ancianos y madres gestantes. ¿En qué van las investigaciones?
R Lo que está pasando en La Guajira es de extrema gravedad y la Fiscalía General de la Nación le está dando la importancia que ello demanda. Como usted lo menciona, todos estos hechos tienen un trasfondo que menoscaba el gasto social en la región. Es preocupante, por ejemplo, lo que tiene que ver con las irregularidades en el programa de atención integral a la primera infancia que lidera el ICBF. Se trata de verdaderas redes criminales montadas entre los operadores, los proveedores y algunos funcionarios públicos, con el propósito de enriquecerse a costa de esos dineros oficiales. Para ello, crean proveedores fachada, registran como beneficiarios a niños inexistentes, inflan los precios de los alimentos, y facturan productos que nunca entregan. Por ejemplo, tenemos identificados casos en los que entregan al ICBF cuentas de cobro por el suministro a los niños beneficiarios de brownies y yogures, cuando en realidad lo que han entregado son panes y leche. Anomalías como estas le puedo nombrar muchísimas más. En este frente, tenemos resultados concretos frente a los programas de atención integral a la primera infancia. Hasta el momento hemos detectado cuatro fundaciones en La Guajira que habrían defraudado al erario en más de $3.300 millones. Por estos hechos hemos logrado la privación de la libertad de 12 personas que enfrentan cargos por concierto para delinquir, peculado, falsedades en documentos públicos y privados. Tenga la seguridad de que la Fiscalía va a llegar a todos los responsables de esta infamia cometida en contra de la población más vulnerable de la región.
P ¿Estos recursos millonarios, además de servir para enriquecimientos ilícitos, fueron acaso usados para financiar campañas políticas?
R Esta es una hipótesis que estamos evaluando en la Fiscalía. Tenemos indicios muy serios que demostrarían el uso de programas sociales con propósitos electorales. Hay denuncias de que la continuidad del personal contratado para desarrollar algunas tareas sociales estaba atada al éxito político de algunos aspirantes. El dinero que debía ser invertido en salud, educación y alimentación, posiblemente se desviaba no solo con el propósito de enriquecer intereses particulares, sino también con propósitos políticos.
P ¿Están investigando algunas campañas? ¿Cuándo habrá decisiones?
R En todas las investigaciones por el robo y el detrimento a los gastos de inversión social evaluamos esta hipótesis y por eso nos hemos detenido a revisar aspectos tales como los funcionarios y políticos posiblemente involucrados en los contratos irregulares, la época de los hechos y el nivel de participación de los contratistas y funcionarios y políticos de la región. Son elementos que miramos en detalle e investigamos integralmente para ver qué anomalías encontramos.
P ¿Qué va a pasar con la exalcaldesa Cielo Redondo, quien en días recientes se entregó a las autoridades, y con los otros exfuncionarios que ustedes iban a capturar en octubre de 2015 y al parecer huyeron a Venezuela?
R Como usted bien lo menciona, el viernes pasado la exalcaldesa Cielo Redondo se entregó a las autoridades. Estamos convencidos de que en gran medida su entrega se dio debido a que la Fiscalía siempre estuvo siguiéndole los pasos. En su momento desplegamos tres operativos para su captura, dos de ellos con el CTI y uno con la Dijín. Sin embargo, las condiciones particulares de la región impidieron su captura. En este momento ella cuenta con medida de aseguramiento en su lugar de residencia ordenada por un Juez de la República. La Fiscalía General apeló la decisión, pues a nuestro juicio no debería estar en su casa sino en un centro carcelario. Si la razón es que su estado de salud no permite que esté en la cárcel, debería entonces permanecer en una clínica o en un hospital para que traten su enfermedad. Sobre este particular le cuento que una vez la exalcaldesa estaba en manos de las autoridades, la Fiscalía buscó trasladarla inmediatamente a la ciudad de Bogotá, pero camino al aeropuerto sufrió un desmayo y debimos trasladarla a una clínica. Fue atendida en la Clínica Renacer y los médicos diagnosticaron una afección coronaria, según ellos no era recomendable que viajara. En cuanto a los otros funcionarios, en caso de que se encuentren en Venezuela, es necesario previamente contar con medida de aseguramiento en su contra y la declaración en contumacia para solicitarlos en extradición. Por lo pronto estamos adelantando un trámite para la ubicación de estas personas a partir de la expedición de una circular azul por parte de la Interpol.
P Recientemente, la Contraloría General puso en blanco y negro las perversas maniobras de contratistas del Programa de Alimentación Escolar del Mineducación en la Costa, casos que denunció EL HERALDO por anticipado en Atlántico. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado si esa corrupción está regada por la Costa con notables daños para miles de estudiantes?
R Se equivoca usted en esa apreciación, la Fiscalía General sí ha actuado. Tanto así que en el caso de las inconsistencias en los suministros de alimentos de los niños en el municipio de Aguachica, Cesar, ya fueron detenidas seis personas que se encuentran con medida de aseguramiento. Una de esas personas es el alcalde del municipio Henry Montes, quien junto con los otros detenidos debe responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación. Sumado a lo anterior, adelantamos dos investigaciones significativas en esta región del país que muy pronto arrojarán resultados concretos en cuanto a personas responsables, pero prefiero no adelantar información concreta para no afectar el avance de la investigación.
P ¿Qué se puede esperar sobre estas actuaciones irregulares?
R La Fiscalía adelanta un trabajo investigativo permanente, además de los resultados concretos que le estoy señalando mantenemos un compromiso con las personas más vulnerables de la región, que son quienes más se han visto afectadas con estas actuaciones irregulares. Tenemos el compromiso de que estos hechos no pueden quedar en la impunidad.
P En el caso Saludcoop, al fin y al cabo, no hubo imputación al expresidente de esa entidad Carlos Palacino y esta es una de las críticas que le hacen al exfiscal Luis Eduardo Montealegre, que fue asesor de Palacino. ¿Qué va a pasar con este proceso? ¿Van a imputarle cargos al exdirectivo sí o no?
R Es importante dejar claro para los lectores que el doctor Montealegre se declaró impedido en cada una de las investigaciones en contra de Saludcoop y el señor Carlos Palacino. Ahora bien, la Fiscalía le ha dado al estudio de estos hechos un trato prioritario. Constituimos un grupo especial encargado de adelantar esas investigaciones junto con un equipo de fiscales y asesores delegados que goza de total independencia y autonomía. El caso de Saludcoop es muy complejo, abarca múltiples indagaciones penales y la revisión de miles de instrumentos contables. Son, en su mayoría, investigaciones difíciles que involucran el análisis de un gran volumen de información de carácter técnico, contable y financiero, y que además proviene de diversas fuentes: empresas privadas, entidades públicas y organismos de control. No es cierto, como se dice, que no haya avances en estas indagaciones. Puedo mencionarle, por ejemplo, que en una de las investigaciones que adelantamos actualmente en contra del señor Palacino por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación, hemos adelantado cerca de 60 inspecciones a lugares, y hemos realizado 100 entrevistas y declaraciones juramentadas. Además, en noviembre de 2015 se le escuchó en interrogatorio al expresidente de Saludcoop. Actualmente, peritos de la Fiscalía realizan la tarea de cotejar tres informes contables presentados por él con la información con la que contamos, a fin de establecer si se presentaron o no los desvíos en los dineros de la salud. Muy probablemente daremos resultados pronto y tomaremos las decisiones que correspondan. Además, en otros dos casos en los que se investiga al señor Palacino se evalúa la posibilidad de llamarlo a indagatoria. Pero para ello, estamos valorando material documental que alcanza los 15 mil folios. Como le decía, se trata de investigaciones que requiere el análisis de un mar de información, y ello hace que las decisiones al respecto tomen más tiempo de lo que la opinión pública quisiera. Sin embargo, tenga la plena certeza de que de encontrar méritos para imputar cargos por estos hechos, no vacilaremos en hacerlo.
P Las últimas denuncias sobre Saludcoop indican que luego de los malos manejos de Palacino hubo otros similares durante la intervención. ¿Esta segunda etapa del saqueo la están investigando?
R La Fiscalía adelanta varias indagaciones relacionadas con presuntas irregularidades en algunos procesos contractuales que se desarrollaron durante la intervención de Saludcoop. Hemos recaudado diversos elementos materiales probatorios con el objeto de establecer si ello involucra la comisión de delitos contra la administración pública. Igualmente se indaga sobre supuestos actos de corrupción que habrían tenido lugar durante el trámite de liquidación de esa EPS.
P Otro caso lamentable del sector salud es el de Caprecom: como muchas otras, a esta EPS también la acabaron a punta de contratos irregulares, de acuerdo con las denuncias conocidas. ¿Hay alguna investigación en curso?
R Actualmente hay varias indagaciones por esos hechos. Algunos de nuestros hallazgos apuntan a posibles irregularidades en los resultados de auditorías, contratación, manejo de recursos parafiscales y recobros presentados al Fosyga. Las investigaciones van por buen camino.
P ¿Hay políticos, congresistas, involucrados en ese saqueo?
R A la fecha no se tiene acreditada la participación de dichos funcionarios en estos hechos irregulares, aunque tampoco está descartada esa hipótesis. En el evento en que la Fiscalía establezca con un importante grado de veracidad que algún miembro del Congreso de la República ha tenido o tenga participación, lo pondrá en conocimiento de su juez natural que es la Corte Suprema de Justicia.
P Vamos al proceso para escoger nuevo Fiscal General. ¿Sintió usted que el presidente Santos le hizo, como dicen popularmente, el feo para darle paso a Néstor Humberto Martínez Neira, hecho por el que protestó el Partido Liberal, en particular el expresidente Gaviria?
R ¿Pero usted cómo sabe que a mí no me ternaron por postular al doctor Martínez Neira si la terna tiene otros dos nombres? Hoy por hoy resulta irrelevante pensar en el motivo de mi no inclusión en la terna. Solo el Presidente sabe los motivos por los cuales escogió esos tres nombres. Naturalmente que postulé mi nombre con la aspiración de ser el Fiscal General durante los próximos cuatro años. En gran parte porque creo que la experiencia como Vicefiscal me da las competencias necesarias para dirigir una entidad como la Fiscalía. La semana pasada, precisamente, rendí cuentas de nuestra gestión ante la Corte Suprema de Justicia y estamos muy contentos con nuestros resultados. Por ejemplo, nuestras últimas estadísticas muestran que hemos reducido los tiempos de nuestras primeras respuestas en todas las denuncias interpuestas a casi la mitad y que hemos doblado nuestra tasa de imputaciones en delitos de alto impacto como el homicidio doloso. El viernes pasado repetimos el ejercicio de rendición de cuentas a toda la ciudadanía y lo hicimos de cara al país.
P Hay quienes opinan que al nuevo Fiscal le va a tocar duro porque la imagen institucional se vio afectada, desgastada, con los cuestionamientos a Montealegre. ¿Qué piensa?
R No comparto esa opinión por varias razones. Entre las principales está, precisamente, que un análisis reposado de nuestros resultados, de los resultados globales, muestra que nuestra gestión y todas las decisiones que tomamos fueron acertadas. Cualquier Fiscal General en Colombia estará siempre, irremediablemente, sometido a la dura crítica, cuyos niveles pueden incluso rozar la visceralidad. Y esto aplica para todos: para el anterior, el actual y el siguiente. Ahora bien, yo lo que veo es que buena parte de los cuestionamientos que se han hecho frente a la Fiscalía durante estos años no son sino producto de medias verdades y desinformaciones. En estos cuatro años algunos han publicado informaciones falsas sin sonrojarse y claro sin rectificar, recuerdo, por ejemplo, que hace unos meses se informó que el hacker Sepúlveda vivía en Estados Unidos patrocinado por el doctor Montealegre, cosas así fantasiosas han dicho algunos medios. En un país con semejantes índices de criminalidad, lo más fácil resulta deslegitimar a quien lucha contra los criminales. Le insisto en que hemos dado pasos agigantados en la lucha contra la criminalidad con el nuevo modelo de investigación y algo así no tiene comparación en la historia de la Fiscalía. No lo digo yo. Lo dicen nuestras cifras y resultados. Tengo fe en que, con la perspectiva que da el tiempo, nuestros logros serán reconocidos como tales. En definitiva, lo que pienso es que al nuevo Fiscal le tocará dirigir una Fiscalía modernizada y puesta en el camino de dar respuestas a los ciudadanos. Le tocará dirigir, como lo dice nuestro lema, una Fiscalía que está realmente comprometida con la paz y con las víctimas, con la protección de los derechos de las personas.
P Por casos como los mencionados, consideran los colombianos que hay más corrupción porque donde ponen la mirada sale de todo. Y es la corrupción, sin duda, un gran obstáculo para una paz estable y duradera; incluso la ONU ha dicho que es un gran riesgo. ¿Qué debe hacer el país para garantizar esa anhelada paz? ¿Cómo acabar la corrupción si en la mayoría de los casos no hay condenas y cuando estas se dan los implicados terminan con casa por cárcel?
R Definitivamente la corrupción es un flagelo que impide la consolidación de un país moderno. Existe una clara relación entre subdesarrollo y altos índices de corrupción. Sin duda es un obstáculo que pone en riesgo el orden en los países, sea que cuenten con guerrillas o no. El problema de la corrupción en Colombia es muy grave y permite que las instituciones sean vulnerables a la captura por parte de grupos ilegales. La Fiscalía ha hecho su tarea de investigar la corrupción. En mi rendición de cuentas a la Corte Suprema de Justicia destaqué precisamente que la investigación de delitos asociados a la corrupción fue uno de nuestros ejes principales y eso dio sus resultados. En las seccionales, doblamos tanto las imputaciones como las condenas por casos asociados a delitos contra la administración pública relacionados con la corrupción. Tenemos la confianza que este trabajo continuará con el próximo fiscal.
P Finalmente, ¿va a pasar algo en Colombia con los ‘Papeles de Panamá’, desde el punto de vista penal? Ha dicho el Minhacienda que solo el 35% reportó que tenía cuentas en Mossack Fonseca; que el 65% restante suma algo así como USD10.000 millones, y hay más empresas de estas que abren cuentas ese paraíso fiscal y en otros países. ¿Eso que les indica? ¿Huele mal, o no?
R Comienzo por responderle de manera concreta: muy seguramente habrá implicaciones desde el punto de vista penal. Es importante dejar claro que tener sociedades fuera del país no es un hecho ilegal. Sin embargo, en lo que estamos trabajando es en determinar si la creación de estas empresas está relacionada con posibles actividades ilegales como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sobre los ‘Papeles de Panamá’, la Fiscalía ha centrado su trabajo en dos líneas de investigación. De una parte, en cruzar los archivos con nuestras bases de datos de empresas y personas investigadas. A partir de este trabajo, hemos evidenciado vasos comunicantes entre la información filtrada y las investigaciones que ya adelantaba la entidad. Esto nos ha permitido encontrar evidencias más sólidas de hechos criminales. Por ejemplo, hemos identificado vínculos entre algunas de las personas, empresas e intermediarios de esta lista, y personas relacionadas en dos investigaciones en curso por lavado de activos y extinción de dominio, recientemente judicializados y en el cual se imputaron cargos contra un reconocido empresario del sector textil y de la construcción. Igualmente estamos revisando la posibilidad de desarchivar algunos procesos, como por ejemplo dos en los que se relacionaron algunos miembros de la familia Waked, propietaria del grupo Wisa y almacenes como La Riviera, Tous, entre otros, en los cuales podrían encontrarse personas o empresas relacionadas con el mencionado listado. Con la otra línea de investigación, trabajamos a partir de la inspección adelantada por la Dian a las oficinas de Mossack Fonseca en Bogotá, y a partir de la cual se han identificado de forma preliminar, al menos cinco, empresas que podrían haber realizado esquemas de refacturación. Se trata de una práctica deleznable mediante la cual se evade el pago de impuestos en Colombia y se lava dinero, y para cuya detección serán muy importantes los insumos de esta filtración masiva. No tengo duda de que las cifras de investigaciones por estos hechos incrementarán en los próximos meses en la medida en que, junto con la Dian, hagamos un barrido y un análisis de todo este bosque de datos. Por otro lado, del trabajo conjunto con la UIAF se ha evidenciado al menos una persona natural, relacionada en el listado de ‘Papeles de Panamá’, sobre la cual autoridades de España han hecho requerimientos de información por conductas relacionadas con un posible lavado de activos de carácter transnacional.
Antigua sede de la Alcaldía.
Nueva Fiscalía en Barranquilla
P Firmó usted en Barranquilla un convenio con la Alcaldía para construir la nueva sede que integre todas las dependencias de la Fiscalía. ¿Cuándo comenzarán las obras? ¿De cuánto, al fin y al cabo, será la inversión?
R En 2015 la anterior administración de la Alcaldía de Barranquilla le donó a la Fiscalía General un predio en frente del Palacio de Justicia de Barranquilla. En rigor, en marzo de este año la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico manifiestan el interés en conjunto de aportar 40 mil millones de pesos para la construcción de la sede única de la Fiscalía General de la Nación, en el centro de Barranquilla. Por lo tanto estamos pendientes de firmar este convenio.
Reficar.
'Lo de Reficar no es solo un asunto de sobrecostos'
P Hablemos de Reficar. ¿En qué van las investigaciones por los sobrecostos que suman cerca de USD4.300 millones, es decir $12 billones?
R Sobre el caso Reficar, la Fiscalía trabaja actualmente en tres líneas investigativas diferentes. Tenemos claras evidencias de que las irregularidades no solo se habrían presentado frente a los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena. Es posible que, además de lo que se ha denunciado los medios de comunicación, también se hayan presentado hechos delictivos desde el momento mismo de la adjudicación del contrato a Glencore y, adicionalmente, algunas irregularidades en trámites efectuados con posterioridad a la salida de esa compañía del proyecto de Reficar. Las investigaciones van por buen camino. Al momento hemos realizado diligencias de allanamientos, inspecciones y entrevistas. Son precisamente estas indagaciones las que nos han permitido advertir que no se trata solamente de un asunto de sobrecostos en la ejecución de un contrato.
P El contralor Edgardo Maya ha denunciado que CB&I ha negado información y hasta que existía la posibilidad de que se volaran del país. ¿Qué medidas ha tomado la Fiscalía para que este escándalo no quede impune?
R La Controlaría, en su momento, nos puso de presente que había un serio riesgo de destrucción de material relacionada con la refinería de Cartagena. Justamente, practicamos una serie de allanamientos para evitar un hecho como ese. En este momento, la información sobre este caso está completamente asegurada. Puede tener la plena tranquilidad de que la Fiscalía cuenta con el material suficiente para tomar decisiones al respecto. Para darle una idea: producto de los allanamientos que realizamos logramos recopilar un volumen de información que equivale a cerca de cuatro teras de datos. De manera que material probatorio no nos va a hacer falta. Entiendo el reclamo de que un escándalo como este no quede en la impunidad. La Fiscalía, de hecho, lo comparte. Le aseguro que la Fiscalía entregará resultados más pronto de lo que normalmente tomaría en un caso de esta magnitud.
P Todo esto ha sido muy grave, ¿no cree?
R Sin duda se trata de hechos de extrema gravedad y por eso tenemos a nuestros mejores investigadores en el caso. A la Fiscalía le corresponde hacer bien su trabajo para responder al clamor general de que estos hechos no queden en la impunidad.
