Bogotá. A pesar de que la suscripción del punto cuarto de una agenda de cinco sugiera la cercanía de la paz que se pacta en La Habana con las Farc, también a medida en que se van conociendo los acuerdos, surgen dudas y preguntas en los colombianos.
Esto sucede con el pacto de la Jurisdicción para la Paz, dado a conocer el martes, y el cual aclara algunos asuntos relacionados con los ítems de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero genera nuevos interrogantes también.
EL HERALDO consultó con tres expertos juristas para conocer sus miradas al respecto: Pedro Medellín, doctor en ciencias políticas de la Universidad de París III, profesor del Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid. Fernando Giraldo estudió ciencias políticas en Francia, y es investigador y decano en ciencias políticas de la Universidad Javeriana. Y Germán Sahid es profesor de la Universidad del Rosario, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela de Guerra y magíster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva de la Universidad Jaume I, de España.
Pedro Medellín
Jurista
Hay inquietudes frente a los delitos que van a ser objeto de indulto o amnistía, e incluso hay quienes ven la puerta abierta en el acuerdo para que se consideren conexos al delito político punibles como el narcotráfico y el secuestro, ¿cómo ve usted el asunto?
Creo que en los casos del narcotráfico que fueron usados para la financiación de actividades armadas propias de la guerrilla, pues es un delito conexo. El secuestro no es un delito conexo en el caso en que se trata de personas civiles, es decir, de lo que se llama en el argot de la justicia penal internacional 'población civil protegida'. Y en los casos por ejemplo de captura de rehenes, en un ataque de la guerrilla en que tomaron policías o soldados de rehenes, puede ser conexo.
Aún no se ve en el acuerdo algo concreto frente a las condiciones de restricción de la libertad para los guerrilleros, pero se ha dejado en claro que no habrá cárcel, ¿qué consideraciones le merece este tema?
No es claro el tema de la cárcel o la restricción de libertad, si se trata de restricción de libertad en términos de que la persona va a tener un municipio o un departamento o el país como campo en que se restringe, creo que es un tema que no cumple el estándar internacional, ya que se debe obligar a un confinamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad. Si se cambia por la palabrita 'cárcel', el acuerdo adquiere mucha más fuerza.
Genera dudas también la poca claridad que hasta ahora se vislumbra en el procedimiento para integrar el tribunal de la nueva jurisdicción y hay quienes ven un problema de legislación en el hecho de que jueces extranjeros sean quienes fallen los procesos, ¿qué opina?
Es un tribunal el cual se crea ex post facto, es decir, después de que se han producido los delitos, y la justicia internacional no permite que se creen tribunales después de cometidos los delitos. Y un juez extranjero no tiene la jurisdicción para juzgar en Colombia a ciudadanos colombianos.
Tampoco hay muchas luces sobre el punto de la reparación material, aunque se restituiría a las víctimas con verdad, justicia y obras. Pero los opositores señalan las riquezas que poseerían las Farc en bienes o cuentas en otros países, ¿cuál es su mirada al respecto?
Si la reparación indica reparación material económica en términos de reconstruir monumentos, escuelas, creo que no hay ningún problema, el tema es que esa reparación la asumamos los ciudadanos con impuestos. Pero de los acuerdos destaco como positivo que las propias víctimas hayan asistido y hayan avalado el acuerdo al decir que van a ser sus más importantes veedores y también es importante que las Farc se reconozcan como victimarios.
Fernando Giraldo
Politólogo
Hay inquietudes frente a los delitos que van a ser objeto de indulto o amnistía, e incluso hay quienes ven la puerta abierta en el acuerdo para que se consideren conexos al delito político punibles como el narcotráfico y el secuestro, ¿cómo ve usted el asunto?
El secuestro, siendo un delito común como fue practicado por las Farc en el marco de una causa que reclamaban como justa desde su perspectiva, tiene ese contenido político aunque la legislación colombiana lo cataloga como un delito común porque privan de la libertad a personas que no están involucradas en el conflicto. En el caso del narcotráfico, es una actividad abiertamente ilegal que no tiene ninguna justificación política o ideológica, y eso independiente de que la guerrilla quiera argumentar que usó el narcotráfico para poder sostener su ejército.
Aún no se ve en el acuerdo algo concreto frente a las condiciones de restricción de la libertad para los guerrilleros, pero se ha dejado en claro que no habrá cárcel, ¿qué consideraciones le merece este tema?
El problema principal no es si pagan o no cárcel sino si los colombianos van a entender si lo que vamos a aplicar es justicia ordinaria o justicia transicional para salir de un conflicto. Si entienden que es una justicia transicional para un tema extraordinario y transitorio. Y si los colombianos van a actuar con generosidad, tendrán que colocar en un terreno marginal la consideración de si pagan o no cárcel.
Genera dudas también la poca claridad que hasta ahora se vislumbra en el procedimiento para integrar el tribunal de la nueva jurisdicción y hay quienes ven un problema de legislación en el hecho de que jueces extranjeros sean quienes fallen los procesos, ¿qué opina?
En caso de que hayan jueces extranjeros no es para que juzguen ordinariamente, sino para una situación extraordinaria, de manera que no afectaría intereses particulares ni tampoco violaría la soberanía del Estado, porque sería el Estado el que lo consentiría de alguna manera. Porque también lo ha aceptado al suscribir acuerdos internacionales por ejemplo con la CPI, y está permitiendo que estos tribunales con jueces extranjeros resuelvan problemas.
Tampoco hay muchas luces sobre el punto de la reparación material, aunque se restituiría a las víctimas con verdad, justicia y obras. Pero los opositores señalan las riquezas que poseerían las Farc en bienes o cuentas en otros países, ¿cuál es su mirada al respecto?
Es posible que las Farc hayan adquirido quizá billones de pesos en estos años, el problema es que es difícil pensar que haya miembros de las Farc que tengan monumentales fortunas a título personal. Yo tengo la impresión, y así lo hemos visto en todos estos años de guerra, de que se vincularon a las actividades de narcotráfico, con el propósito de poder mantener una tropa, un ejército irregular, que es costoso, que el mantenimiento de cada hombre les puede costar 3 o 4 millones de pesos mensuales.
Germán Sahid
Jurista y politólogo
Hay inquietudes frente a los delitos que van a ser objeto de indulto o amnistía, e incluso hay quienes ven la puerta abierta en el acuerdo para que se consideren conexos al delito político punibles como el narcotráfico y el secuestro, ¿cómo ve usted el asunto?
Hay un problema y es que el acuerdo no está acordado, es un borrador conjunto. Y si se quiere respetar la constitucionalidad y el derecho penal internacional, los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser amnistiables. Lo que no queda claro es si todas las actuaciones de las Farc por fuera de su lucha insurgente van a ser o no amnistiables. En ese sentido, le toca al Congreso cambiar y volver políticos delitos como el asesinato, narcotráfico y delitos sexuales.
Aún no se ve en el acuerdo algo concreto frente a las condiciones de restricción de la libertad para los guerrilleros, pero se ha dejado en claro que no habrá cárcel, ¿qué consideraciones le merece este tema?
Se definió que va a haber restricción de la libertad, y en principio está bien, porque si los van a meter a la cárcel no habría motivación en las Farc para dejar de combatir. Sin embargo, las zonas de concentración van muy ligadas a una estrategia de las Farc de generar territorialidad. Y el tema de concentración y restricción de la libertad va ligado a la dejación de armas, porque hasta que no se negocie qué van a hacer con sus armas, no saben dónde se van a concentrar.
Genera dudas también la poca claridad que hasta ahora se vislumbra en el procedimiento para integrar el tribunal de la nueva jurisdicción y hay quienes ven un problema de legislación en el hecho de que jueces extranjeros sean quienes fallen los procesos, ¿qué opina?
Muchas cosas no caben en la legislación colombiana. Y el tribunal, ¿quién lo va a constituir, y quién lo va a dirigir? No se ha creado ni el marco jurídico. ¿Esta negociación no llevaría a fragmentar al Estado, para llevar a una Constituyente? Porque la única manera es una Constituyente, para crear una institucionalidad para solventar todos estos problemas, porque tocaría violar la Constitución para cumplir los acuerdos.
Tampoco hay muchas luces sobre el punto de la reparación material, aunque se restituiría a las víctimas con verdad, justicia y obras. Pero los opositores señalan las riquezas que poseerían las Farc en bienes o cuentas en otros países, ¿cuál es su mirada al respecto?
En teoría hay varias formas de resarcir a las víctimas. Pero en Colombia se está optando por la reparación material, que viene de la tradición jurídica del acuerdo de Ralito con las Autodefensas, porque para bien o para mal en Colombia ya tenemos una justicia de verdad, justicia y reparación, pero el Estado no fue eficiente midiendo las riquezas de estos grupos y el Estado terminó pagando la reparación, lo que posiblemente también va a pasar con las Farc.
