Bogotá. Diversas reacciones produjo en los sectores políticos del país el anuncio dado ayer desde La Habana, donde se reveló el acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre el complicado punto de justicia transicional y la jurisdicción especial para la paz, en el marco de la mesa de conversaciones para el fin del conflicto.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, precisó que 'la importancia de este acuerdo es que queda absolutamente claro que las Farc aceptan someterse a una jurisdicción del Estado colombiano, exponerse a que sus miembros sean declarados responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y que pagarán las sanciones que se les impongan'.
De otro lado, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez criticó el acuerdo. 'Si a mí me dijeran que este acuerdo es una necesidad para la paz y que se aplican solamente a las Farc y no a los civiles, si me dijeran que se acepta para los militares un proyecto de alivio judicial… si a mí me dijeran que el narcotráfico, el secuestro de soldados, su asesinato no van a ser conexos con en el delito político, si a mí me dijeran que habrá castigo para los delitos atroces y no hay elegibilidad política, yo diría que apoyaría, en aras de la paz, estos acuerdos, pero aquí hay todo lo contrario', manifestó.
A su turno, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, advirtió a periodistas que 'este acuerdo ratifica los temores del 80 por ciento del pueblo colombiano: garantiza la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, y ninguno de esos criminales va a pisar un solo día la cárcel'.
Pero el senador barranquillero del Centro Democrático Jaime Amín criticó que 'lo conocido hoy no aporta nada nuevo, pues ya lo habíamos denunciado. Preocupa que coloca en igualdad de condiciones a los criminales de las Farc, que tienen múltiples sentencias por delitos, y a empresarios, civiles, soldados y policías, que tendrían que, para acogerse a los beneficios, reconocer delitos no cometidos'.
En cambio, el senador de La U Roy Barreras aseguró que 'es un muy buen acuerdos, con las víctimas primero. Y una conclusión gruesa es que es una paz sin impunidad, con justicia y con reparación. Es una gran noticia que se suma al plebiscito y al acto legislativo para la paz que aprobamos ayer'.
Entre tanto, el senador del Polo, Iván Cepeda, dijo que 'los acuerdos contienen acciones concretas y un espectro amplio de transformaciones en justicia, verdad y reparación, que representarán un cambio en el país en la lucha contra la impunidad. Es el reconocimiento de los horrores ocurridos dentro del conflicto armado y garantiza la no repetición'.
A su turno, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó que 'las decisiones que tome la jurisdicción de paz son definitivas, y solamente pueden ser resueltas por la misma jurisdicción sin que ningún órgano de la jurisdicción ordinaria, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, pueda tomar decisiones o revisar las decisiones de la jurisdicción especial de paz', y agregó que 'se consagra un criterio muy amplio de conexidad que daría, incluso, la posibilidad de que los delitos de narcotráfico que tengan relación directa con las actividades de la insurgencia, puedan ser objeto de amnistías y de indulto en Colombia'.
Por otro lado, la exsecuestrada por las Farc y hoy representante liberal a la Cámara Clara Rojas manifestó que 'a primera mirada es positiva. Siento que el acuerdo ha superado las expectativas. Es algo inédito en los procesos de paz y en la historia de Colombia, que estemos tan cerca de alcanzar la paz. Y lo más importante es que las víctimas están en el centro de la situación'.
