El Tribunal Administrativo del Cesar admitió las demandas de reparación directa presentadas por los familiares de Cristian Camilo Santiago Redondo y Roberto Henry Táguer Bolívar, víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos en Baranoa, Atlántico.
En la decisión que conoció EL HERALDO, fechada el 28 de mayo pasado y emitida por el magistrado ponente José Antonio Aponte Olivella, se ordena notificar a la parte demandada, que en este caso es la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.
Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente el 27 de abril de 2005 por parte de soldados adscritos al Batallón La Popa, en San José del Oriente, en jurisdicción de La Paz, Cesar.
Los hechos
Los uniformados reportaron los asesinatos como 'bajas en combate' e informaron que los jóvenes baranoeros pertenecían al Frente 41 de las Farc, pero la Fiscalía 94 de Derechos Humanos de Valledupar, tras las investigaciones del caso, pudo establecer que las víctimas fueron engañadas con una propuesta de trabajo para recoger algodón en una finca en Cesar, siendo ejecutadas el mismo día que llegaron.
El Juzgado 3 del Circuito de Valledupar condenó en abril de 2014 a tres de los militares que participaron en estos hechos, en medio de una decisión que fue apelada y que definirá el Tribunal Superior de Valledupar. Así mismo, se sigue un juicio aparte a 24 militares presuntamente implicados en este crimen.
Violaron derechos
Arturo Mojica, director del Colectivo de Abogados ‘Opción Jurídica’, que ejerce la representación de las víctimas, explicó que 'el Tribunal Administrativo del Cesar claramente se enfrenta al estudio de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, quienes prevalidos de su pertenencia a un grupo conformado para luchar contra la delincuencia, terminaron incurriendo en iguales o peores delitos, lo que es reprochable desde todo punto de vista'.
La tercera víctima del hecho, Deivis Pacheco, no ha presentado demanda de reparación.
