Fiscales que metieron presos a inocentes durante años para proteger a las Auc, paramilitares hospedados y bien cuidados en las refinerías de Ecopetrol y presidentes gremiales que iban a pedirle ayuda a Salvatore Mancuso para elegir al fiscal general de la Nación, son algunos de los asuntos que se ordenan investigar en la primera condena en Colombia contra el exjefe máximo de las Autodefensas.
Esta sentencia contra el monteriano, emitida el pasado 31 de octubre por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lejos de cerrar el capítulo negro del paramilitarismo en el país, lo que hace es abrir otros capítulos, iguales de oscuros, sobre el ya mentado enquistamiento de las Auc en la institucionalidad, por ejemplo de la Fiscalía y la fuerza pública, y en gremios económicos tan poderosos como el ganadero y el petrolero.
La decisión de la magistrada ponente Alexandra Valencia, que castiga los hechos delictivos del Bloque Catatumbo y condena también a otros 5 excomandantes de esa facción, ordena 7 compulsas de copias contra el exfiscal general Luis Camilo Osorio, miembros de Fedegán, Ecopetrol, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la oficina del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y el Ministerio del Interior en la época de Sabas Pretelt, entre otros.
La Batichica y el Fiscal
La prófuga exdirectora de la Fiscalía en Cúcuta Ana María Flórez, alias Batichica, aparentemente amiga y nombrada en el cargo por el exfiscal general Luis Camilo Osorio, según el documento, ordenaba capturar a gente inocente por negociaciones con las Auc, les avisaba de los operativos a los paramilitares y hasta les vendía municiones de fusil. El fallo ordena compulsar copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, o la entidad que propone el proyecto de ley que la reestructurará, para que investigue las conductas punibles en que haya podido incurrir Osorio en su desempeño como fiscal general, entre 2001 y 2005, en lo relativo a la designación y permanencia de Flórez como directora de Fiscalías de Cúcuta.
L’Enoteca funcionó en la calle 80 con 52.
Uno de los sentenciados, el barranquillero José Bernardo Lozada Artuz, alias Mauro, excomandante del Frente Tibú, aseguró en una versión libre sobre la fiscal: 'Yo vivía en, tenía una casa en todo el barrio El Técnico (Tibú, Norte de Santander), donde viven los directivos de Ecopetrol (…). Todo el tiempo que me mantuve, del año 2000, octubre, hasta el 10 de diciembre del 2004 cuando nos desmovilizamos voluntariamente ante el gobierno, esa casa fue allanada una sola vez porque la directora de la Fiscalía de Cúcuta, Ana María Flórez, eso se cuadró, yo en ese momento, inclusive estaba de vacaciones aquí en Barranquilla, eso fue en el mes de febrero del año 2003 (…)' (sic).
Y asevera alias Mauro que Flórez y su asistente, la exinvestigadora judicial II del CTI Magally Moreno, alias La Perla, hasta le vendieron municiones de fusil: 'También colaboró directamente con el Frente Tibú y La Gabarra la doctora Ana María Flórez (…), su asistente también colaboró directamente con el Frente Tibú, en una ocasión vendiéndome munición a mí directamente, munición de fusil, Magally Moreno, en una ocasión directamente a mí me vendió 800 tiros de 556 (…)'.
Por su parte, otro de los postulados, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, narra la posibilidad de que aún haya detenidos inocentes por negociaciones entre la fiscal Flórez y las AUC: 'Es el caso de Ana María Flórez, que se reúne con El Gato y le dice ‘de Bogotá me están pidiendo que muestre resultados, que muestre algo en contra de ustedes porque no hay nada en contra de ustedes’, (…) entonces se organizaron algunos positivos que fueron algunos allanamientos a algunas casas, lamentablemente a una casa donde había una gente inocente y capturaron una gente con unas armas. Ya gracias a Dios se está esclareciendo eso porque esa gente lleva 8 años en la cárcel inocentemente. Y sucesivamente dejábamos armas en algún sitio e iban y le hacían el operativo (…)'.
El Tribunal además establece el modus operandi desde la Fiscalía para que a las Auc no les tocaran un pelo en Norte de Santander: 'haciendo uso de la información a la que tenían acceso por sus cargos, especialmente Ana María Flórez Silva, daba aviso a los miembros del Bloque Catatumbo que desde Bogotá se estaban planeando operativos contra la organización ilegal, aporte que se materializaba en el aseguramiento de la impunidad de las acciones criminales (…)'.
Y asegura El Iguano: 'Magally Moreno, en una entrevista que leí no hace mucho, manifestaba que el fiscal, para ese entonces, tenía conocimiento de todo lo que pasaba allí en Norte de Santander con las Autodefensas (…)'. Moreno, capturada, ha dicho, entre otras cosas, que Osorio y Flórez eran amigos, y que el exfiscal la mantuvo en el cargo a pesar de las denuncias de su cercanía con paramilitares.
Mancuso en una audiencia de Justicia y Paz, antes de ser extraditado a EEUU.
En campaña por Iguarán
El Tribunal de Justicia y Paz le dedica un capítulo a la mancuerna de los gremios económicos y los paramilitares: 'La participación del sector privado en el empoderamiento de las Autodefensas en la zona del Catatumbo, (…) ostentó una particular importancia tanto en el aspecto político como económico del grupo irregular', para lo que cita 'intervenciones de diferentes declarantes(…), quienes aportaron a esta Sala información relacionada con gremios como la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), Ecopetrol y comerciantes, entre otros'.
Uno de los declarantes es el confeso despojador de tierras y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, quien narró que el presidente de Fedegán, el samario José Félix Lafaurie, supuestamente visitó a Mancuso para pedirle el apoyo de las AUC para montar en la Fiscalía a Mario Iguarán. 'Resulta que por allá a mediados del año 2005, estando Salvatore Mancuso libre, un día el cual no les puedo precisar porque no lo tengo en mente, me llamó el señor José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, y me dijo que lo recogiera en el aeropuerto Los Garzones de la Ciudad de Montería (…), cuando se presentó en Montería yo lo recogí. Me dijo que tenía una reunión muy importante y que la persona era Salvatore Mancuso Gómez, (…) quien propuso como sitio de reunión la casa que yo siempre le he conocido en el barrio La Castellana en la ciudad de Montería', dijo Osorio ante la justicia.
Una vez en la casa del exparamilitar, asegura el exgerente del Fondo Ganadero cordobés, 'el señor José Félix Lafaurie llegó manifestando que venía de parte del ministro Sabas Pretelt, para apoyar y trabajar en favor de la candidatura a la Fiscalía General del señor Mario Iguarán'.
José Félix Lafaurie
Continúa Benito Osorio contando cómo llegarían los datos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes eligen al jefe del ente acusador, a las manos del exlíder paramilitar: 'de camino al aeropuerto, el señor José Félix me dijo que al día siguiente me mandaría unos documentos al correo electrónico (…). Llegaron los documentos, yo los bajé y consulté eso, y miré que había un listado de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con direcciones, teléfonos, amigos políticos, etcétera. (…) Yo busqué un sobre de manila, los introduje (…), fui y le dejé el sobre de manila en la casa donde habíamos tenido la reunión: le puse Sr. Salvatore Mancuso Gómez'.
Según Benito Osorio, en otra ocasión Lafaurie le recordó su solicitud a Mancuso y este le respondió: 'Vea, yo estoy en un proceso de paz y no voy a meterme en cosa que me vayan a afectar, yo respeto los pactos que hice con el gobierno'.
EL HERALDO consultó a Lafaurie sobre los temas mencionados en la sentencia y este respondió que no contestaría los 'señalamientos de un criminal'.
Los $1.000 millones perdidos en Tierralta
La Sala ordena compulsar copias a la Fiscalía y Procuraduría 'para que se investiguen las posibles irregularidades en que pudo haber incurrido la oficina del Alto Comisionado para la Paz (en ese entonces Luis Carlos Restrepo) y el Ministerio del Interior (en cabeza en esa fecha de Sabas Pretelt) en la administración de los proyectos productivos agroindustriales de Tierralta, Córdoba, proyecto respaldado por el Gobierno nacional, actividad que según el ente instructor presentó la pérdida de más de $1.000'.
Para la Fiscalía, esos proyectos del Gobierno en alianza con el sector privado cordobés 'se llevaron a cabo sin reglas claras sobre la naturaleza de los aportes tanto en dinero como en tierras', por lo que se produjo una mezcla de recursos de particulares, sobre todo ganaderos y empresarios, con los entregados por Mancuso y los procedentes del erario público, 'lo que condujo a la pérdida de más de mil millones de pesos y de la inversión total'.
Agregó el ente investigador que los proyectos productivos 'no cumplieron con la finalidad de garantizar la reinserción social de un número considerable de desmovilizados' en el departamento y sólo quedan beneficiados unos pocos, por lo que 'también resulta indispensable investigar la responsabilidad de los funcionarios que en representación del Estado estuvieron frente a esos proyectos'.
Sabas Pretelt
Entre los aportantes estuvieron Asoganaderos, Asomadereros, Asocacao, Asocaucho, el ganadero asesinado Aram Assias, Alexánder Hincapié, Marco Antonio Giraldo, Leopoldo Anaya, Jaime Rosso, Pedro Ghisays Chadid y Carlos Roca. El Gobierno puso $1.048 millones y los empresarios y exparamilitares pusieron otros 3 mil millones. Pero la Fiscalía encontró que muchos de los que hicieron aportes eran supuestos testaferros de Mancuso y que este habría puesto el dinero por ellos para blanquearlo.
La idea de esos ocho proyectos de caucho, cacao, palma africana, acacia y teca, ubicados en predios de Mancuso y avalados en 2005 y 2006 por Restrepo y Pretelt, era servir de alternativa para que los desmovilizados pudieran trabajar en algo para su reintegración, pero el Gobierno empezó a incumplir con las cuotas de financiamiento y el producto empezó a perderse.
Entonces Mancuso los entregó para reparar a las víctimas, pero muchos de esos predios están invadidos por desmovilizados y la demora en la transferencia de esos bienes de la extinta DNE al Fondo de Reparación, ha hecho que se vayan perdiendo aún más cultivos y se vayan devaluando.
Vinos finos de L’Enoteca de Barranquilla, a la basura
Por ‘pagarles’ a los acreedores y no a las víctimas y por la mala administración de los activos, la magistrada de Justicia y Paz ordena a la Fiscalía y Procuraduría investigar a la Superintendencia de Sociedades por la liquidación judicial de L’Enoteca Atlántico, que funcionaba en Barranquilla en la esquina de la calle 80 con 52. 'Es necesario investigar el procedimiento surtido ante la Superintendencia de Sociedades para la venta de los activos, puesto que no resulta razonable que todos los activos se hayan utilizado para pagar acreedores, con un saldo insoluto (no pagado) y por ende negativo para las víctimas, cuando en ese negocio se invirtieron cuantiosas sumas de dinero', señala la sentencia sobre el negocio en el que Mancuso invirtió 5.675 millones de pesos y lavó unos 600 mil euros.
También critica el ente acusador la administración provisional que tuvo la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, de esta empresa, desde la entrega que le hiciera a finales del 2006 la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio, hasta el 2008, cuando pasó a custodia de la Supersociedades, 'toda vez que en el informe del liquidador judicial se observa que varios activos, entre ellos, vinos finos, tuvieron que ser desechados y dados de baja por su mal estado de conservación'. Por eso, la Sala ordena compulsar copias para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la Superintendencia de Sociedades en el procedimiento surtido con relación a la liquidación de L´Enoteca Atlántico S.A.
Por estos hechos, así como por los proyectos productivos de Tierralta y la sociedad anónima Incusol –a la que la Fiscalía determinó como de administración inviable-, la Corte también pidió investigar a la DNE: 'dentro de los bienes que no se recibieron a tiempo se encuentran L’Enoteca e Incusol, situación que permitió su deterioro, ante la presunta negligencia en la administración de los mismos por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes'. Así, la compulsa de copias se ordena ante la Fiscalía y la Procuraduría, para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la DNE en liquidación, en la administración de los bienes entregados por los postulados'.
Luis Camilo Osorio
Fiscalía General debe Unidad de investigación contra la fuerza pública
El Tribunal de Justicia y Paz le solicita al Comando de las Fuerzas Militares presentarle un informe de las hojas de vida y trayectoria dentro de las institucionalidad castrense de quienes aparecen en la sentencia mencionados como 'colaboradores de los grupos de Autodefensa'. En el fallo aparecen miembros de la fuerza pública que, incluso, tenían un alias dentro de la estructura paramilitar: 'en el Ejército se ubica al teniente Alejandro con el alias de Merengue en la organización ilegal y los soldados José Misael Valero Santa y Geovanny Velásquez Zambrano, con los alias de Lucas y Brayan respectivamente. Por los lados de la Policía, se encuentra la identificación en la organización ilegal del teniente Edson Rozo, alias Teniente Rozo u Omar; el agente Mendoza, conocido como Marrano o Marranero y el cabo Alexander Ardila Lindate, quien fue conocido en la organización con el alias de Mascotico'.
La corte capitalina, además, elaboró un listado de servidores públicos que colaboraron con el Bloque Catatumbo, basado en el escrito de acusación y en la información de los postulados. En el Ejército, dicha lista la conforman 26 uniformados de todos los rangos, entre los cuales los más altos son: el coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, coronel José Bautista Parra, mayor Mauricio Llorente Chávez, capitán Andrés Escobar Pineda, capitán Luis Campuzano, capitán Chamorro, alias Lucho. Por los lados de la Policía, son 30 los nombrados, entre ellos: el coronel William Montezuma, capitán Raúl Aldana Ávila, capitán Fabio Soriano Moya, los tenientes Carlos Vargas y Farid Chávez y los agentes William Mendoza, conocido con los alias de Marrano o Marranero y Tomás Contreras Carvajal. Del DAS figuran Jorge Enrique Díaz Sánchez, director seccional de Cúcuta; Viterbo Galvis Mogollón, subdirector seccional de Cúcuta y el detective Efraín Morales. Por esta razón, en la decisión también se ordena compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue la presunta vinculación y colaboración con las AUC de los directores del DAS entre 1999 y 2003, entre los que figura el samario Jorge Noguera, condenado por el crimen del sociólogo barranquillero Alfredo Correa de Andréis.
En la misma época de Noguera fue subdirector del DAS José Miguel Narváez, quien es investigado por presuntamente instigar los crímenes del humorista Jaime Garzón y el senador Manuel Cepeda en los años 90. El especialista en instrucción militar les daba ‘clases’ a las Autodefensas.
Por estos graves señalamientos, la magistrada Alexandra Valencia considera que las investigaciones que deben emprenderse contra los miembros de las instituciones estatales, 'no pueden adelantarse con la lógica del caso a caso, sino que se requiere de una metodología de investigación que realice un análisis de contexto y comprenda fenómenos de criminalidad masivos', y recomienda la creación en la Fiscalía de una Unidad de investigaciones contra miembros de la fuerza pública y de seguridad del Estado, así como contra funcionarios públicos en general.
Pretelt: no participé en desmovilizaciones
El exministro del Interior Sabas Pretelt dijo a EL HERALDO que nunca participó en procesos de desmovilización y que desconoce de dónde provienen los señalamientos que lo implica en la presunta pérdida de una inversión de mil millones de pesos en proyectos productivos agroindustriales, en la región de Tierralta, Córdoba.
En referencia al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe sostuvo que no tiene conocimiento de información al respecto y destacó que en ningún momento fueron aprobados de su parte recursos del Estado para dichos proyectos productivos. 'Aclaro, el exministro Sabas no está involucrado ni participó en situaciones como estas', precisó.
