El procurador general Alejandro Ordóñez destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
Según el procurador Ordóñez, se demostró con "suficiencia" que la Alcaldía de Bogotá vulneró "los principios de libre empresa y competencia", al impedir que otros operadores, distintos a las entidades del Distrito de Bogotá, prestaran, a partir del 18 de diciembre de 2012 y en igualdad de condiciones, el servicio público de aseo en la ciudad capital.