El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ordene ataques militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. La iniciativa, discutida en el marco de la ley de Poderes de Guerra, fue hundida por 51 votos frente a 41, pese a contar con apoyo bipartidista.
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La resolución, presentada por los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, proponía “poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.
Durante la sesión, varios legisladores expresaron su preocupación por las recientes decisiones de la Casa Blanca en materia de defensa y su manejo de los poderes de guerra. “Los ataques ilegales de Trump contra barcos en el Caribe y las amenazas de ataques terrestres en Venezuela ponen a Estados Unidos en riesgo de guerra de forma imprudente e innecesaria”, advirtió Kaine durante su intervención.
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Rand Paul, por su parte, señaló que “sí, Maduro es un dictador. Pero hay muchos dictadores en el mundo, y eso no significa que debamos enviar estadounidenses a combatirlos a todos. Una guerra en Venezuela podría fortalecer a los mismos cárteles que intentamos derrotar y provocar una migración masiva en nuestro propio país”.
Días antes del debate, la administración de Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente un ataque contra Venezuela. En una sesión privada, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, explicaron que la actual campaña antidrogas —que ha dejado más de 60 muertos en ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico— no contempla incursiones terrestres.
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Según precisaron, la “orden de ejecución” emitida en septiembre solo autoriza operaciones marítimas en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela y Colombia, sin extenderse a territorio venezolano.
El debate en el Senado coincidió con el vencimiento del plazo de 60 días otorgado por la Resolución de Poderes de Guerra, que limita las operaciones militares del presidente sin autorización del Congreso. Trump notificó el inicio de su campaña el 4 de septiembre, argumentando que Estados Unidos se encontraba en un conflicto “no internacional” contra los cárteles de droga.
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La legislación establece que el presidente debe consultar con el Congreso antes de desplegar fuerzas en una situación de hostilidad, y que las tropas no pueden permanecer en combate más de 60 días —más 30 adicionales para la retirada— sin el consentimiento legislativo.
Estados Unidos mantiene actualmente en el Caribe uno de sus mayores despliegues navales desde la guerra del Golfo: ocho buques de guerra, tres embarcaciones anfibias y un submarino, además del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, que se dirige hacia la región.
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La operación, enmarcada en la campaña antidrogas de Trump, ha generado rechazo de gobiernos como los de Venezuela, Colombia, Brasil, Nicaragua y Cuba, que advierten sobre el riesgo de una escalada militar en América Latina.
