Multan a empresa carbonera por transporte irregular del mineral
Supertransporte sancionó con $1.802 millones a American Company por no cumplir en el 2014 con el sistema de cargue directo en puerto Drummond.
Por incumplir la implementación de un sistema de cargue directo de carbón en las operaciones que para 2014 adelantaba en puerto Drummond, la Superintendencia de Transporte sancionó a la empresa American Port Company Inc., con una multa de $1.802 millones.
El superintendente Javier Jaramillo, en la decisión que resolvió un recurso de apelación, concluyó que esta firma –vinculada con la empresa estadounidense Drummond Ltd.– no atendió las instrucciones emanadas desde el año 2007, en las que se especificó que a partir del primero de enero de 2014, todos los puertos marítimos y fluviales del país debían efectuar el cargue de carbón a través de un sistema directo, mediante bandas transportadoras encapsuladas u otro sistema tecnológico equivalente. Lo anterior, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental que genera dicha actividad.
Según el fallo, dado a conocer este martes por la entidad de control, en una visita de inspección realizada el 2 de enero de 2014 se evidenció que American Company Inc. continuaba realizando el cargue de carbón a través de barcazas en zona de fondeo, atentando contra los protocolos establecidos para el correcto transporte del carbón en zonas portuarias.
“El incumplimiento de estas obligaciones no solo tienen un impacto directo en la normatividad que rige la actividad de los puertos, sino también en el cuidado del medioambiente, ya que el transporte irregular de este mineral puede producir dispersión de partículas que afectan el ecosistema marino y la calidad del aire”, precisó el funcionario.
Aunque la empresa sancionada argumentó que no cumplieron por una huelga de 54 días por parte de los trabajadores de Drummond Ltda., lo cual retrasó 3 meses las obras de construcción de la pasarela y del muelle para el sistema de cargue directo, así como de las obras en tierra; la Supertransporte consideró que “esto no justifica la falta, ya que la sociedad tuvo tiempo suficiente para adecuar sus instalaciones y cumplir con la normatividad establecida más de 6 años atrás”.
