Un palo en la rueda le atravesó la Superintendencia Nacional de Salud a los intereses económicos de este sector en Santa Marta, al embargar, por intermedio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, HUJMB, las cuentas del Distrito, en donde están los recursos del Sistema General de Participación, SGP.
La noticia, con signo de alerta la entregó la alcaldesa Virna Johnson, a través de un facebook live, en el que dejó claro que al tenor de la ley dichos recursos son inembargables.
El bloqueo de las cuentas lo motivó un proceso de cobro coactivo del HUJMB, por concepto de facturas, derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a la población vulnerable no asegurada
'Este embargo nos impide disponer de los recursos de destinación específica que necesitamos con urgencia para avanzar en los programas de salud pública y del plan de vacunación para contrarrestar la covid-19', dijo la mandataria.
Johnson advirtió que el proceso adelantado por la Supersalud 'es fatal para la salud del Distrito, más aún en tiempos de pandemia', dijo la mandataria de los samarios.
Insistió en que el agente interventor Óscar Galves 'se obstina en su decisión de perjudicar a los samarios con el embargo'.
'Él sabe que saldar esa obligación requiere del apoyo de la Nación, que no ha girado los recursos necesarios para subsidiar el pago', explicó la alcaldesa.
Ante esta actuación, el Distrito radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, PGN, por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el HUJMB.
Igualmente se interpuso una queja ante la Superintendencia Nacional Financiera de Colombia por aplicación arbitraria de medida cautelar de embargo por parte de las entidades bancarias que congelaron las cuentas del Distrito.
'Hemos pedido al Ministerio de Salud instrucciones para cofinanciación de la deuda con el Gobierno nacional por población migrante, sin que hasta la fecha hallamos obtenido respuesta', aseguró Virna Johnson.
Agregó que 'no obstante radicamos ante el HUJMB una solicitud de acuerdo de pago para saldar la deuda de los samarios y no de los migrantes, que corresponde a la Nación, pero se negó a acepta en la propuesta de conciliación'.
'El actuar del agente interventor es inaudito, inhumano, irresponsable e inconstitucional', dijo la mandataria.
Señaló que no dudará en denunciarlo puesto que no es lógico que acudan a la justicia 'para menoscabar los intereses de la población'.
