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Pese a la evidente erosión de la zona costera entre Ciénaga y Barranquilla, concretamente en el kilómetro 19, la asamblea del Magdalena parece no advertir los riesgos y solo la voz del diputado Robinson Morelos ha sido la que se ha escuchado en medio de los murmullos de la mayoría. Dijo que es injustificable que se haya gastado tanta plata en ese punto y la erosión no ceda.

El dirigente político del Partido Verde, uno de los críticos 'constructivos' del gobierno de Luis Miguel Cotes Habeych, manifestó que la comisión accidental que se creó en el último periodo de sesiones en cabeza de su compañero de corporación Anselmo Marín Perea, quedó en deuda para visitar el sector y presentar un diagnostico ante la comunidad y convocar un debate sobre el asunto con todos los actores involucrados.

Dice Morelos que lo anterior no se dio 'no obstante a que en varias oportunidades, lo conminé a que realizáramos la visita'.

'No procedió a hacerlo con el argumento de no contar con todas las copias y soportes sobre el contrato y el informe de la interventoría para tener los elementos de juicio para pronunciarnos', explicó el diputado.

Marín Perea hace parte del grupo mayoritario de la duma que respalda al gobernador Cotes.

NO SE JUSTIFICA. El diputado Róbinson Morelos, uno de los ‘novatos’ de la corporación legislativa, advirtió que si la socavación sigue galopando en el kilómetro 19, hasta llegar a la carretera, sería de mucha gravedad para la movilidad de vehículos, la seguridad de las personas, el transporte de cargas y la afectación ambiental.

Sostiene que 'no existe justificación técnica, jurídica y presupuestal para que se hayan dado fallas previsibles por parte del Departamento del Magdalena como ente responsable de la obra, la entidad contratista, interventores y supervisores en donde se invirtieron más de 22 mil millones de pesos y el problema aún persiste'.

'Hay recursos mal invertidos y otros sin justificar que han generado un daño fiscal del orden aproximado a los 7 mil millones que ha conllevado a que la Contraloría General de la República, en mayo del año anterior, iniciara la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra las entidades mencionadas', anotó.