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Participantes en la marcha del Día del Orgullo Gay realizada en Barranquilla en 2019.
Cortesía
LGBTI

A luchar unidos contra la homofobia en la Costa

En los últimos 12 años, según Caribe Afirmativo, 206 personas con expresiones de género diversas han sido asesinadas. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia.

Hace exactamente un mes el cuerpo de Leider Alberto Salas Jiménez, de 33 años, fue hallado sin vida y con 20 puñaladas en proximidades al Caño de la Auyama en el barrio La Chinita, suroriente de Barranquilla.

El crimen, de inmediato, fue calificado por las autoridades como un “crimen de odio” debido a la configuración del homicidio como un patrón hallado en los diferentes delitos hacia las personas con expresiones de género diversas.

Esta persona asesinada era una mujer transexual y la sevicia de su crimen da cuenta de que el perpetrador no solo quería matarla, sino enviar un mensaje de rechazo a lo que la víctima representaba.

Precisamente este domingo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y a propósito de la fecha, EL HERALDO presenta un informe sobre los hechos de violencia perpetrada contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trangénero (LGBT), y que fueron documentadas por Caribe Afirmativo durante los últimos 12 años.

De acuerdo con el documento, en el periodo comprendido entre 2007 y el 2019, en el Caribe colombiano se han registrado 206 muertes contra personas LGBT, muchas de ellas por prejuicios, materializadas en 190 (118 casos contra hombres y 72 casos contra mujeres), 8 suicidios motivados por prejuicio y 8 muertes posquirúrgicas, siendo los hombres gais, las mujeres trans y las mujeres lesbianas las poblaciones más afectadas, con 122 casos, 68 casos y 13 casos, respectivamente.

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El informe detalla que Atlántico, Bolívar y Magdalena son los departamentos con mayor ocurrencia de muertes por prejuicio con 76, 35 y 26 casos respectivamente; mientras que La Guajira y Sucre son los departamentos con menor ocurrencia de muertes violentas con 11 y 14 casos. Adicionalmente, se registran cifras altas de violencia en los períodos de 2007-2010, 2011, 2012 y 2013 con 29, 21, 25 y 26 casos respectivamente, cifras superadas con 30 casos en 2015, año al que le precedieron disminuciones en las muertes por prejuicio de personas LGBT.

“Se evidencia que los dos departamentos más representativos de la Región Caribe –Atlántico y Bolívar– se sitúan como los territorios en los que se reporta el mayor número de casos de violencias hacia las personas LGBT. Durante el período de 2007 a 2019 se han reportado en el Atlántico 24 casos de amenazas, 48 casos de violencia policial y 76 casos de muertes violentas; mientras que en Bolívar se han reportado en el mismo período 22, 37 y 36 casos de amenazas, violencia policial y muertes violentas, respectivamente”, señala el informe.

Con respecto al uso de armas en las muertes violentas de personas LGBT, el documento detalla que en el 28,42% de los casos de homicidios y feminicidios presentados se utilizó arma blanca (54 casos), en el 22, 63% se empleó arma de fuego (43 casos) y en el 13,15% restante se utilizaron objetos contundentes con la intención de causar el mayor daño posible (25 casos); mientras que en el 35,78% de casos (84) restantes, no se referencia el tipo de arma utilizada.

Amenazas

Otro de los aspectos que analizó la organización y que plasmó en su informe guarda relación con las amenazas hacia las personas LGBT.

Para el colectivo estas son “acciones violentas” que buscan hostigar, intimidar, excluir o restringir el goce o disfrute de los derechos de estas personas y/o grupos sociales.

“Las amenazas contra la población civil son usadas de manera sistemática tanto por grupos armados en el marco y con ocasión del conflicto como por estructuras de delincuencia organizada con presencia local, y que son utilizados por grupos posdesmovilización para ejercer control del territorio y de la población civil (combos, parches, bandas, pandillas, entre otros)”, expone el documento.

En la mayoría de los casos identificados por el colectivo, las amenazas operan “como dispositivos de control social y territorial” que tienen sus bases en prejuicios sociales reproducidos por los presuntos grupos armados al margen de la ley, para quienes las personas LGBT son consideradas “indeseables”, hasta el punto de asimilarlas ilegales y equiparables a la delincuencia y el tráfico de drogas.

“En el periodo analizado (2007-2019) se han documentado 100 amenazas individuales y generales hacia personas LGBT en los ocho departamentos del Caribe colombiano, siendo Atlántico, con 24 casos, el departamento con el mayor registro de amenazas”, se lee en el informe.

Así las cosas, el grupo determinó que los departamentos con mayor número de amenazas registradas son aquellos en donde hay fuerte presencia de grupos al margen de la ley y bandas criminales que retomaron las estructuras. “Este es el caso del sur de Bolívar, los Montes de María en Bolívar y Sucre y el sur de Córdoba, lugares en donde se presenta una fuerte disputa por el control del territorio, las fronteras, los corredores y los lugares claves para llevar a cabo acciones delictivas, tales como el microtráfico, la minería ilegal, el comercio sexual, entre otras”.

Agresiones por prejuicios. Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, los episodios de violencias hacia las personas LGBT en el Caribe dan cuenta de las condiciones sociales tendientes a sostener las desigualdades estructurales y sistemáticas sobre las que se normalizan y legitiman dichas categorías de violencia en la región.

“En el contexto del Caribe colombiano se ha registrado en la última década una cantidad de violencias sistemáticas, estructurales e intensas hacia la población LGBT, que van desde agresiones verbales por prejuicio hasta homicidios y feminicidios por la misma razón. En consecuencia, es pertinente precisar las nociones frente a la violencia que es motivada por prejuicio”, explica Castañeda.

Partiendo de que el prejuicio es el medio para separar a unos de otros, Castañeda señala que esta postura “es incompatible” con el orden social establecido, ya que la violencia por prejuicio es excluyente cuando pretende demarcar la diferencia entre el perpetrador, que es “normal”, y la víctima que posee alguna orientación, identidad o expresión de género diversa.

El director de la organización solicita a la Fiscalía que investigue “con celeridad” y que tenga en cuenta el presunto motivo prejuicioso de los delitos.

“Otro factor a tener en cuenta es que las alcaldías y gobernaciones deben incluir en sus planes de desarrollo acciones de prevención de violencia y de cultura ciudadana que desestimulen los prejuicios hacia las personas LGBT”, dice Castañeda, y solicita que los organismos del Estado “construyan” protocolos y rutas de atención que acerquen la ciudadanía y rompan con la ausencia de denuncias.

Un análisis

Para Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y experto en seguridad, el Estado colombiano en su tradición garantista ha adoptado una serie de leyes que se alinean con parámetros internacionales para la defensa y protección de todas las personas.

“Todas estas normativas garantizan el derecho a la igualdad y dignidad indistintamente de la orientación sexual. Sin embargo, esas circunstancias no eliminan el hecho de que en nuestra sociedad subyacen manifestaciones de intolerancia que en ocasiones terminan materializándose en actos de violencia y de discriminación contra las personas de estos colectivos”, manifiesta Melamed.

A su criterio, el experto indica que a pesar de lo ganado “hace falta” un mayor nivel de sensibilización alrededor de este tema. “Distintamente cualquiera que sean las opiniones, resulta inaceptable cualquier tipo de manifestación de violencia en contra de un ser humano simplemente por su orientación sexual”, dice.

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