Congreso anuncia debates sobre impacto de la actividad minera en La Guajira
Así lo anunció la comisión accidental que se conformó para escuchar a las comunidades afectadas por la minería en el Caribe.
El Congreso de la República realizará durante el primer semestre del 2022, debates de control político en plenaria y las comisiones permanentes con el objetivo de evaluar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que ha ocasionado la actividad minera del carbón en el Caribe colombiano.
Así concluyó la comisión accidental de seguimiento a la actividad minera de carbón, que escuchó a las comunidades de La Guajira y Cesar y que entregó un informe preliminar presentado a la Plenaria del Senado de la República, sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido entre julio-diciembre 2021.
Igualmente se informó que en junio entregará un paquete de iniciativas legislativas construido con las comunidades que comprenda medidas para la transición energética.
Los senadores Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Wilson Arias, Sandra Ramírez, Feliciano Valencia, Aida Avella, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Jorge Eduardo Londoño y Jesús Alberto Castilla son los integrantes de la Comisión Accidental de seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón a gran escala en el Caribe colombiano.
El año pasado se realizaron dos audiencias públicas sobre la actividad minera en los departamentos del Cesar y La Guajira.
En el informe se señala que, con la visita de las comunidades de La Guajira a Bogotá y la realización de la audiencia pública por parte de la Comisión Accidental, estas denunciaron en el Congreso de la República que el Gobierno nacional de forma reiterada ha incumplido lo dispuesto en la sentencia SU-698 de 2017.
“En efecto, se constató que las órdenes dadas por la Corte Constitucional para el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades accionantes ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón Limited presentan un alto grado de incumplimiento”, dice el documento.
Por eso la comisión hará una solicitud a la Corte Constitucional para que reasuma la competencia de verificación de las órdenes contenidas en la sentencia esta sentencia y se hará un debate de control político con el objetivo de realizar seguimiento a las medidas adoptadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, frente al incumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional.
También realizarán una visita a La Guajira, la cual contará con la invitación a los entes de control, con el objetivo de verificar y conocer la situación presentada en la zona.
