Medida de aseguramiento en centro carcelario dictó un juez de control de garantías contra el lider wayuu Javier Rojas Uriana por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía la investigación adelantada por un fiscal la Dirección Seccional de La Guajira permitió evidenciar la presunta apropiación de por lo menos $1.000’000.000 de un convenio por $2.223’000.000 celebrado entre la Asociación Shipia Wayúu —cuyo representante es el hoy procesado— y el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), entidad que aportó $1.448’000.000 del total.
El objeto del convenio era realizar el proyecto de desarrollo rural con aplicación de enfoque étnico diferencial a favor de 31 comunidades del pueblo wayuu, que integran 200 familias organizadas en la Asociación de autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayúu, para el fortalecimiento de la economía tradicional en el resguardo de la alta y media Guajira.
Dice el ente acusador que sin embargo, además del posible desvío de los recursos, se habrían presentado irregularidades en la ejecución y liquidación del citado convenio.
La orden de captura contra Rojas Uriana la emitió el Juzgado Segundo Bacrim el 18 de enero del presente año.
Rojas Uriana ha denunciado constantemente la muerte de niños wayuu por desnutrición y la crisis humanitaria por la que atraviesa la etnia, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Al salir de la audiencia el líder afirmó que 'se trata de una persecución para silenciarlo por las denuncias que ha hecho por las muertes de los niños wayuu por desnutrición y la situación de las comunidades'. Indicó que ha presentado al menos 200 incidentes de desacato contra el Icbf y otras instituciones.
En el mes de enero de este año, en una reunión con el defensor del pueblo Alfonso Negret en Manaure, Rojas afirmó que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, no se están cumpliendo.
Como en muchas oportunidades aseguró que siguen faltando el suministro de agua potable y de alimentos en las comunidades wayuu y que por eso se siguen muriendo los niños por desnutrición.
El líder wayuu también ha denunciado en múltiples ocasiones amenazas contra su vida y por eso tiene un fuerte esquema de seguridad hace varios años.
