La transición de la justicia digital en el país: así va en el Atlántico
EL HERALDO conoció que el BID y la Nación ya hicieron la primera operación de USD100 millones que permitieron poner en marcha la primera fase del proyecto.
La emergencia sanitaria causada por la covid-19 contribuyó para que en varios aspectos de la vida cotidiana se incrementara el uso de los medios y recursos virtuales. La justicia no escapó de ese contexto donde fue necesaria la implementación de medidas para garantizar el desempeño no solo de lo concerniente en lo penal, sino en toda la rama judicial.
Muestra de ello fue el Decreto 806 del 2020 que expidió el Gobierno, con el que se estableció que los servidores judiciales trabajaran, preferencialmente, desde sus casas mediante el uso de las tecnologías; además que en la recepción, gestión, trámite y decisión de las actuaciones judiciales y administrativas, si corresponde, se privilegiarán los medios digitales.
El decreto también instó para que los jueces utilizaran los medios digitales para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitieran a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias.
Precisamente este ejercicio fue como “un ensayo” que permitió que una gran parte de los actores de la justicia pudieran experimentar los beneficios que esta modalidad podría traer no solo a los intervinientes, sino al sistema en sí, es por ello que el pasado 7 de junio el Congreso logró la conciliación del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los trámites virtuales en la justicia, incluyendo la penal, con algunas excepciones.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, impulsó el proyecto teniendo en cuenta los beneficios que le trae al ciudadano la posibilidad de radicar las demandas y tutelas desde su computador y que, así mismo, reciba las respuestas pertinentes de los despachos judiciales.
Lo anterior es solo una de las partes de este proyecto que el funcionario ha abanderado en los últimos dos años para jalonar recursos para modernizar los sistemas que permitan materializar la justicia virtual. En una reciente visita a Barranquilla, Ruiz anunció que la primera fase de este proyecto ya arrancó.
“Este inmarcesible reto pretende no solo la digitalización desde la Rama Judicial, sino también a entidades del Ejecutivo con funciones jurisdiccionales, es decir, se trata de acceder a la justicia de forma universal, fácil, transparente, soluciones rápidas que permitan lograr una sociedad más equitativa y a un ámbito de paz con legalidad”, dijo el ministro en diálogo con EL HERALDO.
Fue en la capital del Atlántico, en 2021, donde se dio la suscripción del crédito Nación y Banca Multilateral (BID) para una primera operación por USD100 millones para ser ejecutados en un plazo de 4 años, como parte de una línea de crédito de hasta de USD500 millones en un horizonte de 12 años.
“Nos encontramos en la primera fase, que representa una inversión de USD100 millones de dólares durante los primeros cuatro años.
Esta etapa arrancó en diciembre de 2021, con un desembolso de cinco millones de dólares, para transformar digitalmente la justicia ejercida desde autoridades del Ejecutivo tales como la SIC, Supersociedades, Superfinanciera, Supersalud, el ICA, la Dimar y la Dirección de Derechos de Autor, que tienen delegadas funciones jurisdiccionales y por tanto son parte del sistema.
“Desde el ministerio iniciamos con la ruta de digitalización, para lograr la estandarización de los procesos jurisdiccionales de siete entidades en esta primera fase, su simplificación y optimización para dar un mejor servicio al ciudadano, así mismo desde lo tecnológico brindar interoperabilidad, actualización tecnológica y mejoras para accesibilidad a los servicios digitales entre otros”, explicó Ruiz.
En Barranquilla, desde el ámbito contencioso, se han reflejado avances en la transformación digital de la justicia a partir de un trabajo conjunto, articulado y coordinado; como reflejo de esas iniciativas está el memorando de entendimiento del expediente judicial electrónico, que permitió en 2018 coordinar esfuerzos para formular e implementar el piloto de expediente judicial electrónico, ya que una justicia moderna y transformada al escenario digital es lo que se plantea el Gobierno.
El presidente del Tribunal Administrativo del Atlántico, César Torres Ormaza, señaló a este medio que el despacho ya tiene el 100 % de los procesos activos digitalizados y que más de la mitad de los archivos ya están disponibles vía virtual.
“La pandemia aceleró estos procesos porque los magistrados y abogados necesitan tener en línea estos expedientes. Esto también ha sido de ayuda para los usuarios debido a que no deben desplazarse. Ellos lo buscan en el sistema, los descargan y los pueden obtener”, dijo el magistrado.
El togado indicó que tiene conocimiento de que esta experiencia se está llevando a cabo en otros tribunales del Atlántico.
Por su parte, Claudia Expósito Vélez, vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, señaló que toda esta transformación es una “necesidad” que la Nación ha entendido para que la rama judicial pueda estar acorde a los avances que se están dando en esta materia.
“El advenimiento de la emergencia sanitaria nos obligó a poner el acelerador en un proyecto sectorial que teníamos definido para el periodo 2018-2022. Las medidas adoptadas para contener la covid-19 impulsaron a la rama a que se optimizaran los canales de acceso, consultas, publicidad de la información, y que no se suspendieran los procesos en los despachos judiciales”, dijo Expósto Vélez.
Lo anterior hizo que se realizaran copias de las bases de datos de los sistemas de información, gestión de cuentas de usuarios de la seccional y la publicación de los resultados de los procesos y providencias, además de la creación de un aplicativo que permite revisar el histórico del proceso que se consulte.
La funcionaria indicó que todo esto permitió “estar a un paso” de lo que vendría con el proyecto, pero destacó que son muchos los retos que quedan por delante, sobre todo con la modernización de los equipos, capacitaciones de los intervinientes y mejor acceso a internet. “El camino apenas inicia”, sentenció.
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que la justicia digital o la justicia virtual es la más importante reforma en la que ha incursionado el sector en los últimos cincuenta años.
Lo anterior, según el experto, ha permitido un incremento del número de audiencias surtidas, se mejoró la tasa de evacuación judicial, y adicionalmente también se hizo eficiente en la gestión de los procesos.
“Todo ello a partir de esta nueva justicia, que equivale a la verdadera revolución. Cuando al ciudadano de a pie se le pregunta por la reforma a la justicia él no está pensando en las reformas estructurales, en lo que hace el periodo de los magistrados, la tendencia específicamente en lo que debe ser el proceso como tal, sino que clama por una justicia más rápida y más eficiente y por supuesto de mayor acceso”, manifestó Herrera Mercado.
El director de la corporación indicó que esos son elementos que “conciernen al ADN” de la justicia digital. Detalló que el acceso ahora es “más flexible”, precisamente porque los procesos son menos rigurosos, no porque sean irregulares, sino porque dan garantías de un buen desarrollo, lo que hace que todo sea “más flexible” alcanzando una mayor eficiencia y productividad.
Según estadísticas de la Corporación, en lo que se hace en las altas cortes con la utilización de estos mecanismos, permitió un incremento en la eficiencia del 14 % en la emisión de sentencias.
“Tenemos una sentencia más ágil, con menos retraso judicial porque en la medida en que se aplazan menos las audiencias lo que se permite es una justicia más acelerada. No cabe la menor duda de que la extensión del Decreto 806 va a permitir un buen trámite y la utilización permanente de estas herramientas en beneficio no solamente de la justicia, sino de un buen servicio en beneficio del ciudadano común”, destacó el experto.
Para entender un poco más sobre el Decreto 806 de 2020, el abogado penalista Jimmy Jiménez explicó que a través de esta norma, entre otras, se podrán presentar las demandas y tutelas por medios como correo electrónico, y la rama judicial tiene que crear sistemas para recibirlas por vía digital. Detalló el jurista que desde el año 1996 se han tenido indicios de esta justicia (virtual), pero solamente hasta la expedición del decreto “nace verdaderamente” la obligación por parte de la rama de implementar una justicia virtual.
“Ya la justicia virtual no es opcional, es permanente, implica que todos los jueces en Colombia, fiscales, funcionarios públicos y abogados tendremos que capacitarnos en crecer en el conocimiento de la justicia virtual, eso quiere decir que el Estado colombiano tendrá que hacer todos los esfuerzos para que la justicia virtual sea más eficiente. Por esta razón, es importante entender que hoy la justicia virtual es una realidad en el país, y que prevalece sobre la justicia presencial”, destacó Jiménez.
Al respecto, el presidente del Colegio de Penalistas, Francisco Bernate, saludó el paso de la norma en el Legislativo: “Ya solo falta la sanción presidencial, pero las audiencias siguen siendo virtuales y en ciertas excepciones, presenciales. Se quedó la virtualidad. Gracias a todos los que hicieron esto posible”.
