La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió de manera temporal las licencias de funcionamiento de cinco empresas del sector con sede en Barranquilla, tras detectar posibles incumplimientos graves a la normatividad vigente. La medida se adoptó en el marco de una intervención administrativa, como parte de una estrategia nacional para fortalecer los controles sobre el uso de armas y prevenir su desvío hacia estructuras criminales.
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Las empresas afectadas por la decisión son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Todas operaban en diversos puntos de la Región Caribe, particularmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
En conjunto, las firmas mantenían activos 696 vigilantes, 21 vehículos y un total de 483 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas. Tras la suspensión, la Superintendencia solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) la custodia provisional del armamento, con apoyo de la Policía Nacional.
Entre los hallazgos preliminares se identificaron fallas en los mecanismos de control de armas, presuntas relaciones de un socio con organizaciones delictivas, y omisiones en los filtros de contratación del personal, algunas de cuyas hojas de vida presentaban antecedentes penales activos por delitos de alto impacto.
También se encontraron irregularidades administrativas, como deudas acumuladas con el Fondo de Vigilancia desde hace más de una década y la falta de presentación de estados financieros desde 2019.
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“Estas actuaciones buscan impedir que el sector de la vigilancia privada sea instrumentalizado por actores criminales. Nuestro compromiso es con la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos”, señaló la superintendente Yenniffer Parra Moscoso.
La intervención fue acompañada por la Procuraduría General de la Nación, por instrucción del procurador Juan Gregorio Eljach, con el objetivo de garantizar el respeto al debido proceso y la transparencia. La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo el mando del general Edwin Urrego, facilitó los espacios de almacenamiento de las armas decomisadas, garantizando su seguridad y trazabilidad.
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Estas medidas forman parte de una estrategia interinstitucional impulsada por el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Policía, para fortalecer la supervisión del sector y cerrar posibles canales de apoyo al crimen organizado desde empresas aparentemente legales.
