Madres comunitarias del departamento del Atlántico se apostaron a las afueras de la sede seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para exigir la contratación de los operadores del programa que, según denunciaron, fueron sacados 'sin justificación alguna'.
Alrededor de 200 mujeres llegaron ayer a las 7 de la mañana a las oficinas del ICBF, ubicada en la calle 61 con carrera 46, e impidieron el ingreso de funcionarios.
Lissette Escamilla, una de las madres comunitarias que tomó la vocería, dijo que decidieron protestar por la salida de varios operadores de la institución.
'Exigimos su contratación porque no ha habido un control en cuanto a la organización y la selección, como tampoco un sustento que diga por qué fueron sacados abruptamente del programa', se quejó.
Escamilla agregó que el Bienestar quiere darle el manejo del programa a fundaciones con solo un año en operaciones y que carecen de la experiencia requerida. Y que también quiere desvincular a operadoras con más 45 años de edad.
Cuestionó además la investigación de la Fiscalía por la cual 10 personas fueron capturadas la semana pasada, por sospechas de que desfalcaron al ICBF en el Atlántico con dos contratos de alimentación para la niñez de los municipios Ponedera y Tubará.
'Lo han utilizado como cortina de humo y excusa para quitarle los contratos a las asociaciones y las entidades que han venido administrando el programa hace más de 25 años', afirmó.
La directora nacional del Bienestar, Cristina Plazas Michelsen, declaró ayer a medios nacionales que las madres 'están mal informando' a la comunidad con estas acciones y que las intenciones del instituto van encaminadas a 'despolitizar la mafia que está perjudicando a los niños'.
