La oposición brasileña exigió ampliar ayer, con las corruptelas en Petrobras, las acusaciones sobre maniobras fiscales en las que apoya su intención de llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político y agrió el clima en la comisión parlamentaria que definirá la suerte de la mandataria.
La propuesta, que la oposición había adelantado la semana pasada, apunta a anexar a los cargos sobre maniobras fiscales, que ya pesan contra Rousseff, los testimonios de algunos implicados en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras y han asegurado que la mandataria sabía de ese asunto e intentó obstruir la investigación.
El presidente de la comisión especial de 65 parlamentarios que estudia si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff, Rogério Rosso, se mostró inclinado a aceptar los nuevos cargos y generó así una queja unánime del oficialismo.
La comisión, ante la cual el Gobierno presentará la defensa de Rousseff, analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).
Si los diputados le dan luz verde el proceso, la palabra pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, Rousseff tendría que separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tiene un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución.
La decisión. El presidente de la comisión consideró ayer que la decisión, al menos en ese grupo, deberá ser tomada en un plazo de un mes.
'Imagino que para el 11 de abril el informe será votado y podrá ir entonces al pleno de la Cámara', dijo el diputado Rosso, quien sostuvo que 'la sociedad brasileña está atenta y quiere que esto sea definido lo más pronto posible'.
