En nuestra edición de hoy publicamos la insólita noticia de que el Dane ha descartado realizar el censo en el barrio Rebolo mediante el tradicional procedimiento de casa a casa, con el argumento de que algunos de sus encuestadores han recibido amenazas en el ejercicio de su misión.

En su lugar, el ente ha dispuesto siete puestos de registro en determinados puntos del barrio, menos expuestos a riesgos de violencia, para que los habitantes acudan a inscribirse.

El mensaje que se lanza con esta medida es bastante perturbador. En primer lugar, porque de las cosas más graves que le pueden ocurrir a una sociedad es que el Estado se amilane ante los criminales y, como consecuencia, se inhiba de desarrollar con normalidad sus funciones en determinados territorios que considera peligrosos.

Además, es perjudicial para Barranquilla. No porque deje en evidencia los graves y muy reales problemas de inseguridad que afronta la ciudad, sino porque transmite la idea de que no hay nada que hacer contra la criminalidad y que la mejor manera de abordarla es escurriendo el bulto.

No podemos menos que compartir la indignación de los líderes cívicos de Rebolo, que ven con estupor cómo el Estado se inhibe de cumplir sus funciones en el barrio, mientras ellos luchan cada día en el terreno para crear condiciones de vida más llevaderas.

También se preguntan con razón los dirigentes locales, y sería importante que las autoridades les respondieran, por qué el Dane se ha inhibido de realizar el censo casa a casa en Rebolo, pese a que hay otros barrios con índices más elevados de criminalidad.

Creemos que sería un grave error que el Dane siga adelante con su propósito de eludir el censo casa a casa en Rebolo. El director del ente, Juan Daniel Oviedo, está a tiempo de rectificar y lanzar un mensaje más edificante sobre la responsabilidad del Estado. Resulta inadmisible que el organismo encargado de contabilizar a los colombianos se declare incapaz de acercarse a sus hogares para enterarse in situ de sus condiciones de vida.

Aunque no sea de su competencia directa, el alcalde Char debería interceder para que el censo de Rebolo se haga según el método tradicional. Y el comandante de la Policía, general Botero, debe garantizar al Dane las condiciones de seguridad para desarrollar su tarea.

Barranquilla no puede permitirse tener territorios vedados a la acción del Estado, porque ese mensaje solo beneficia a los criminales. No se trata, insistimos, de intentar ocultar el grave problema de la inseguridad, sino luchar adecuadamente contra él.

Más que un barrio entre los miles que conforman las ciudades de Colombia, Rebolo es en las actuales circunstancias, por excesiva que pueda sonar la afirmación, una prueba para la democracia.