La inventiva para el engaño no conoce límites. Para muestra, el botón de lo que ha sucedido en la Universidad del Magdalena, donde varios aspirantes a un cupo en la institución fueron suplantados, el día del examen de admisión, por estudiantes aventajados de varias universidades del país con el fin de asegurarse una buena nota en la prueba.

Un operativo policial realizado el día del examen condujo a la captura de dos profesionales y 14 estudiantes, de los cuales al menos tres son beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.

De acuerdo con los testimonios de los detenidos, cada uno de ellos recibía $2,5 millones por su trabajo de suplantación, además de gastos de transporte y hospedaje en un hotel de El Rodadero. A su vez, las familias de los aspirantes pagaban a la organización $24 millones para asegurarles un cupo en la universidad pública.

Todo un negocio redondo para los cabecillas de la trama, entre los cuales se encuentra una mujer de nombre Carolay, a la que señalaron como la persona que reclutaba a los estudiantes de buena formación.

Todo parece indicar que los tentáculos de la red no se circunscriben a la Universidad del Magdalena, sino que podrían extenderse a otros centros académicos del país. La Policía, por tanto, tiene un arduo trabajo por delante para desmadejar un ovillo cuyas dimensiones resulta hoy imposible establecer.

Los 14 estudiantes que participaron en la suplantación fueron puestos en libertad, aunque permanecerán vinculados al caso hasta que la justicia determine las responsabilidades.

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, dijo que estos muchachos eran “simplemente mulas académicas” que aprovecharon la oportunidad de ganar un dinero con sus conocimientos y que “el gran reto es ubicar a las cabezas de la red”.

Tiene en parte razón. Pero no por ello hay que ser condescendientes con los jóvenes que cometieron la suplantación. De alguna manera deberán recibir un castigo ejemplarizante por el fraude, de modo que ellos, y el resto de jóvenes que se están formando en los distintos centros educativos de Colombia, no sucumban a la doctrina del ‘todo vale’ que ha imperado durante mucho tiempo en nuestro país.

Serán las universidades donde estudian estos muchachos las que decidan qué medidas aleccionadoras aplican, más allá del curso judicial que tome este preocupante caso. Igual sanción social deberían sentir, ni más faltaba, los jóvenes y las familias que pagaron por ingresar de modo fraudulento a la universidad. Y que el peso de la ley caiga con dureza sobre los creadores de este turbio ‘negocio’.