Colombia acude hoy a las urnas en un momento de extrema polarización. Quizás, el más álgido de toda su historia reciente en el que se han lanzado graves acusaciones de fraude  o confabulaciones –sin pruebas ni fundamentos– para suspender los comicios, lo cual jamás ocurrió.  Tampoco las autoridades electorales fueron removidas de sus cargos, como habían insinuado. Quedó claro que la escalada de maniobras desinformativas o peligrosas narrativas configurada por irresponsables actores políticos desató una enorme incertidumbre entre los ciudadanos ad portas de la elección y cumplió su cometido de caldear aún más los ánimos de una población molesta, hastiada e inconforme. Muchas veces instrumentalizada por quienes se han dedicado, durante meses e incluso años, a alimentar descabelladas teorías conspirativas e incendiarias, unas más insensatas que las otras, apostándole a la crispación como principal argumento para obtener respaldo popular. 

Dicho esto, es innegable la crisis de confianza que pesa sobre la actuación del registrador Alexander Vega, cuestionado por los distintos sectores en contienda, al punto de ser lo único en lo que coinciden plenamente. Los errores e inconsistencias del sistema electoral puestos en evidencia en los comicios legislativos de marzo, en los que se registró una altísima diferencia entre los votos transmitidos y los escrutados, lesionaron irremediablemente la credibilidad del funcionario, quien enfrenta una dura prueba en la jornada de este domingo. No es todo. Las insistentes denuncias del expresidente Andrés Pastrana que vinculan a la firma española Indra –encargada de la plataforma del escrutinio– con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, o la falta de la anunciada auditoría externa internacional –que a último minuto fue descartada– erosionan aún más la fiabilidad de un proceso, basado primordialmente en la confianza y la transparencia, que resulta clave para fortalecer el Estado democrático. 

Excusas aparte, esta situación inédita deja entreabierta la puerta hacia un escenario realmente perturbador en el que candidatos, partidos políticos o ciudadanos se aventuren a poner en duda los resultados de las votaciones por ausencia de legitimidad. Algo que no ha sucedido en el país durante el último medio siglo y que no se debería tolerar bajo ninguna circunstancia. Para evitar al máximo la menor suspicacia sobre la veracidad de su proceder, la Registraduría debe ofrecer la información más clara, precisa y contrastada de la que pueda disponer sobre el avance y los datos finales de las votaciones, en tiempo real. Como nunca antes, tiene que esforzarse para zanjar cualquier relato interno o externo sobre un eventual fraude electoral o mínimas garantías de transparencia. De su rotundidad dependerá, por un lado, que los aspirantes –sin ambages– acepten los resultados y, por otro, que los ciudadanos, en últimas los votantes, asuman con absoluta certidumbre quién es el ganador y el perdedor. 

Los candidatos tienen que ser los primeros en entender la inmensa responsabilidad que les asiste en medio de la tensión social y política que, en algunos casos, ellos mismos han alentado. No deberían tolerarse dar un paso en falso ni dar un salto al vacío. En el fragor de las próximas horas, el significado de sus acciones, mensajes o gestos podría detonar impredecibles vendales con potencial desestabilizador, difíciles de contener a futuro. Llegados a este punto, el de las definiciones trascendentales, principalmente por el bien del país, que es el suyo propio, es su deber inexcusable anteponer los valores básicos del Estado de derecho a todo postulado extremista que pudiera ser usado como mecanismo de presión para reivindicar la razón, si es que no la tienen, o incluso el poder. 

Comprometerse con acatar el resultado electoral conjurará riesgos de agitación colectiva que allanen intolerables formas de violencia política, afectando irremediablemente la gobernabilidad del nuevo inquilino de la Casa de Nariño. La historia así nos lo ha demostrado. Cualquiera que sea el resultado que se produzca tras el cierre de las urnas será de difícil trámite para las distintas formaciones. Es el ejercicio de la democracia sustentado en la voluntad ciudadana. La profunda crisis institucional que erosiona la base misma de la democracia atiza el irrespeto a las leyes, el irrespeto a los otros, en particular a quienes piensan y votan distinto al sectarismo que encarnan ciertos sectores. En nuestra sociedad democrática no podemos seguir renunciando a espacios de diálogo, tolerancia y consenso por miedo, indiferencia o resentimientos. El voto libre, asumido con convicción y conocimiento, es el pase que se nos otorga cada cuatro años para encauzar a Colombia e insistir, todas las veces que haga falta, que la confrontación permanente no es el único destino que merecemos.