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La paciencia tiene un límite y a muchos clientes de Air-e, tras interminables horas de antipático sopor como consecuencia de sus apagones no anunciados con suficiente antelación ni explicados con el rigor necesario, se les ha agotado. Más de 30 mil usuarios, mal contadas 120 mil personas residentes en el norte de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, padecieron durante tres días seguidos suspensiones diurnas y nocturnas del servicio de energía eléctrica debido a trabajos programados y extraordinarios en la subestación Las Flores. Desde el mismo domingo, cuando se iniciaron los cortes hasta la madrugada del miércoles, cuando se dieron por terminados, el malestar ciudadano fue escalando al nivel de máxima indignación por la ausencia de precisiones que les permitieran entender qué era lo que estaba pasando.
Solo hasta ahora nos enteramos en detalle que fue lo que realmente sucedió. Un cambio de equipos que debía cumplirse en la subestación eléctrica, ciertamente una maniobra de extremo cuidado a tenor de quienes intervenían en ella y lo que estaba en juego, no solo no salió como se esperaba, sino que derivó en una emergencia que estuvo a punto de hacer colapsar todo el sistema. Los componentes alternos instalados el domingo no funcionaron de acuerdo con lo planeado. Ante este panorama, se debió intervenir de urgencia durante dos noches-madrugadas consecutivas, hasta que al final se tuvo que dejar todo como estaba al principio. Es lo que ha dicho de manera pública en las últimas horas el gerente de Air-e, John Jairo Toro, quien también ofreció excusas por la imposibilidad de normalizar el servicio según lo previsto. Nobleza obliga.
Por supuesto que se hace necesario, inclusive resulta imprescindible, renovar equipos arcaicos o vetustos con más de medio siglo de uso que amenazan con sacar la mano en cualquier momento. Es más, Air-e ha venido realizando y entregando obras como parte de sus compromisos de mejoramiento de calidad del servicio en el que esperan invertir 2,5 billones de pesos en los cinco primeros años de su operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira. De lo contrario, queda claro que no será factible superar en el mediano plazo el calamitoso rezago de infraestructura que arrastra el sistema energético de la región luego de años de desidia y abandono de los anteriores operadores, todos de nefasta recordación por ser incapaces de honrar lo que pactaron. Lo que causó desconcierto entre la ciudadanía, frente a este episodio puntual y lo cual es totalmente comprensible, es que no se hubiera profundizado con claridad y transparencia en el origen de lo que perturbaba tanto su tranquilidad. No se puede dejar ningún hilo suelto en una gran crisis.
18 meses después del inicio de labores, la compañía debería tener ya bastante claro que el tema energético, un asunto de la mayor sensibilidad en Barranquilla y el resto de la Costa signado por la desconfianza, demanda un tratamiento escrupuloso. Todo lo que gire alrededor de este servicio, su prestación o las tarifas, es un factor de tensión social que revela cansancio, además de preocupación, cada vez que se aborda. No existen soluciones fáciles ni rápidas a un problema que ha envejecido tan mal y al que también se le suma la inaceptable actitud de los defraudadores de energía que raya en el cinismo cuando se trata de grandes empresas o familias acaudaladas. Desde luego que se necesitan las obras, mantenimientos preventivos o programados, cambios de redes, transformadores y equipos. ¿Cómo mitigar su impacto? Es un debate que debe darse, y cuanto antes mejor porque aunque Air-e insista en que el domingo es el día ideal para reducir la afectación en el sector productivo, el tema tiene tanto de largo como de ancho.
También urge retomar otro debate, no menos complejo ni polémico, para que la Costa le exija al Estado colombiano que asuma el incremento tarifario autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a los actuales operadores de energía, que según el Distrito se sitúa “en 33 % desde junio de 2021”. Algo que requerirá de una concertación en términos legales, regulatorios y económicos que sin falta debería ser presentada por los alcaldes y gobernadores del Caribe al próximo Gobierno, sea cual fuere. La relación de desencuentro entre los usuarios con el servicio de energía, absolutamente esencial en una región como la nuestra, tiene que ser superada o mejor, sanada. El Estado que durante años se hizo el de la vista gorda frente a los atropellos y maltratos a los que se sometía a los ciudadanos por parte de Electricaribe y sus antecesores no puede esquivar sus responsabilidades en este asunto, por más incómodo que sea.
