Más allá de intentar saber dónde está el inventario de los bienes que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la pregunta concreta es qué pasó con ese listado en el que reposa un amplio número de predios rurales y urbanos, vehículos, establecimientos de comercio, joyas, dinero en efectivo, aeronaves y embarcaciones, cuyo valor asciende a 25 billones de pesos.

Para intentar responder la interrogante, recientemente la Fiscalía y la Sociedad anunciaron la creación de una mesa técnica para tratar de descifrar ese misterio que no es menor cosa, pues se trata de bienes que les fueron incautados a los narcotraficantes y cuya mayoría de ellos pasarían a resarcir el daño causado a las víctimas y a la sociedad. Ya el presidente Gustavo Petro se atrevió a decir que podríamos “estar ante uno de los peores hechos de corrupción” en la historia del país, es por ello que le apuntó a poner el dedo en la llaga al pedirle a la Fiscalía “la reconstrucción del inventario de bienes” y que se investigue a la cadena de personas que han estado al frente de la SAE en los últimos años.

Para llevar a cabo la indagación será necesaria una actividad arqueológica digital de tipo forense, pues lo que se intenta develar es si estos bienes fueron borrados de los computadores “por error” o si ya —como se ha especulado— están bajo el disfrute de las manos equivocadas. 

Tal tarea será realizada una vez se tenga la relación de todos los computadores que pertenecieron a la DNE y que debieron haber pasado a la SAE; además, de ser necesario, se contratarán entidades internacionales especializadas en realizar esas labores de investigación, todo con la puntual tarea de encontrar ese “megaentuerto”.

Para darle un parte de tranquilidad al Gobierno, el fiscal General Francisco Barbosa señaló que, de momento, su despacho tiene un primer informe que detalla con claridad las propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio en algo más de 31 meses, lo que se traduce en 19.587 bienes. Dicho informe deberá mantenerlo actualizado la SAE.

No sería prematuro decir que si no se logra ubicar en tiempo récord el paradero de estos bienes, la situación podría traer consecuencias negativas para la transparencia del erario del país, pues desde ya se ve como uno de esos casos turbios en los que las voces que defienden y señalan el proceso están necesariamente permeadas por el actual escenario político.

Como lo dice el fiscal Barbosa, no se justifica que una cifra de recursos tan importante –25,7 billones– que se ha entregado en bienes a la SAE no aparezca en tiempos en que el Gobierno busca recaudar $22 billones con una reforma tributaria para poner a andar sus programas sociales y el cumplimiento del acuerdo de paz.