El rumbo perdido de la seguridad en Atlántico
Asesinatos, tráfico de drogas o extorsiones no son novedad en Atlántico, donde el crimen organizado se ha ido apoderando de los cascos urbanos. Pero, en los últimos días estos hechos se han disparado. ¿Saben las autoridades qué hacer? Parece que no y preocupa mucho.
Los asesinatos selectivos se están volviendo paisaje en el Atlántico. No estamos presuponiendo nada distinto a lo que es evidente. En menos de una hora, entre las 7:30 y las 8:25 de la noche del 1 de diciembre, mataron a cinco personas en el departamento. El primero de los casos se registró en Polonuevo. Otras dos personas fueron baleadas en Sabanagrande. Posteriormente, una mujer resultó acribillada en el interior de su propia casa, en Palmar de Varela. Y en Barranquilla, un hombre fue atacado a disparos. Si esto no fuera ya lo suficientemente preocupante, en la noche del 3 de diciembre, dos personas murieron y tres quedaron heridas de gravedad en Repelón, luego de una incursión de sujetos de los que poco o nada se sabe.
Sí, aparentemente son casos aislados, de acuerdo con las hipótesis iniciales de la Policía, pero existe un común denominador que no se debería subestimar: todos los homicidios fueron perpetrados por sujetos armados que se desplazaban en moto o, lo que es lo mismo, sicarios que tenían absolutamente definidos sus objetivos. Cabe esperar que la justicia, como es su deber, determine responsabilidades, sin embargo, no deja de llamar la atención e incluso de sorprender, la sensación de impunidad con la que estos criminales se mueven a sus anchas sin el menor resquemor de que van a tener que responder por lo que hicieron. También inquieta la actitud asumida por el secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay, o la del alcalde de Repelón, Wilfrido García, quienes al atribuir lo sucedido a disputas por microtráfico entre estructuras ilegales, parecerían desentenderse de la gravedad del suceso, sin reparar en su origen ni en fórmulas que desactiven la violencia instalada en ese y otros puntos del departamento.
No nos cansaremos de repetirlo, la reconfiguración de la criminalidad en Barranquilla y los municipios del Atlántico, como consecuencia de la expansión de estructuras armadas ilegales de distintas jerarquías, en clara disputa por el control de las rentas ilícitas, ha adquirido dimensiones realmente escabrosas. Pero sobre todo, aún a riesgo de no acertar en nuestros llamados a ponerle freno, lo que los ciudadanos advierten es que las líneas de acción o medidas de la Gobernación, la Alcaldía de Barranquilla y municipios del área metropolitana y la subregión Centro, entre otras, coordinadas con Policía y Fuerzas Militares, no son efectivas. Seguramente, hará falta que evalúen otras opciones ante los escasos resultados que muestran.
Estamos frente a una situación crítica que no ha dejado de escalar en los últimos meses. En la medida en que el crimen organizado se ha extendido por los territorios del Atlántico, posicionando sus actividades ilegales, en particular narcotráfico y extorsiones, las víctimas aumentan. Son realidades que no se pueden separar. Una se alimenta de la otra. ¿Hasta cuándo lo van a permitir o mejor aún, no es el momento de reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad del departamento? Queda la percepción, siempre subjetiva claro, de que no saben qué hacer. Ante la pérdida del control del orden público, la distribución territorial de la Policía no es de gran ayuda. Articular en la misma línea a la Mebar, la DEATA o la Regional 8, en medio de la actual falta de liderazgo del nivel central, no se logra. Por consiguiente, ni se toman las decisiones clave para enfrentar la criminalidad, ni se anticipan a los eventos delictivos mediante inteligencia, ni se judicializan a los responsables de las modalidades de mayor impacto social.
Si bien la Policía y el Ministerio de Defensa deben dar la cara por desaciertos en sus obligaciones, la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo, como los demás mandatarios del departamento, no se quedan atrás. Son los responsables de la estrategia de política pública de convivencia y seguridad ciudadana y mal harían en desligarse de una crisis que se agudiza al término de un violento 2022 para no olvidar.
Más Editoriales
Pésimo mensaje de austeridad en el gobierno del cambio
De manera recurrente los hechos nos demuestran que Colombia, al margen de quien la gobierne, es un país de injustificables excesos y brutales contrastes. Bastante descorazonador por donde se mire. En vez de estar hablando acerca del devastador in
En defensa del ‘perro guardián’ de la democracia
Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para reconocer los principios de este derecho fundamental, evaluar la situación en la que se encuentra p
PAE a cuentagotas
Justo cuando comienza el cuarto mes del año en curso y dos meses después del inicio del calendario académico, de los siete departamentos de la región Caribe tres no han comenzado aún a ejecutar el Programa de Alimentación Escolar al que est
Inflación sin control
La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de subir las tasas de interés al 5 %, en un nuevo intento para contener la galopante inflación en el país, podría quedarse corta o ser insuficiente ante el alza de los precios que,