Durante años el Ejército de Liberación Nacional ha empezado, una y otra vez y con distintos gobiernos, mesas de negociaciones con una supuesta voluntad de diálogo y de paz, una que siempre trunca la confianza de sus interlocutores por su accionar violento, criminal y desmedido que no le importa nada llevarse por delante la vida de gente que dice defender y representar.

Por eso nunca más que ahora cobra vigencia el viejo adagio popular que reza “de buenas intenciones está lleno el camino al infierno”, que no significa otra cosa que de nada vale tener un buen propósito si no va acompañado de obras.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha extendido, mucho más allá de lo que muchos en el país pueden entender, las concesiones y las condiciones para intentar un diálogo que permita consolidar su proyecto de paz total. Al presidente y a su gabinete le sobran intenciones de alcanzar ese objetivo, pero el camino no está llano y por el contrario cada vez se llena más de obstáculos. 
Y es que por más noble que es el objetivo de pacificar por completo al país, es imposible que cada colombiano no se pregunte cómo puede ser posible negociar con un grupo armado que ataca de manera criminal una base militar en el Catatumbo mientras los hombres del Ejército que allí permanecían descansaban. Fueron nueve los militares masacrados de manera burda y cruel, siete de ellos jóvenes soldados que apenas comenzaban su vida y ni siquiera completaban su primer año de servicio al país en las tropas.

Segundo tropiezo del proceso que el gobierno del presidente Petro trata de mantener con el ELN. El primero fue cuando decretó el cese al fuego bilateral el 31 de diciembre y la guerrilla no tardó en salir a afirmar que no habían pactado esa decisión con los negociadores. Sobre eso ya se ha dicho bastante y se sigue insistiendo: no hay una metodología ni una estrategia clara en todo este asunto de la paz total, ni con el ELN ni con ninguno de los otros grupos con los que se está buscando vincular.

Pero volviendo al caso puntual del Ejército de Liberación Nacional, está más que claro que esta organización, que parece un monstruo de mil cabezas, no obedece a una estructura lineal sino federada. Frente a ese panorama, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, le ha pedido a la guerrilla una “respuesta clara” sobre si la delegación en México representa a toda la organización armada o no, “porque no se puede firmar un acuerdo como el acuerdo de México y simultáneamente tener un mensaje como el que se recibió recientemente”, refiriéndose al ataque a la base militar en Norte de Santander.

Señor presidente, no cabe duda de que Colombia entera desea alcanzar la paz, pero a qué precio y sin una muestra real de parte de los grupos armados que tienen en jaque a las comunidades y a la sociedad civil en general. Desde distintos sectores lo que se espera es que el último pronunciamiento del Gobierno sea de verdad un ultimátum a la antigua guerrilla que insiste en lastimar la confianza de los colombianos en el proceso de paz.

Al menos ya se comenzó a elevar el tono frente al grupo subversivo y reconocer una crisis. El ministro del Interior, Alfonso Prada, vocero del Gobierno y quien también tomó parte de la cumbre de urgencia en Cartagena para evaluar la situación con el ELN, barajó las opciones en la mesa de cara al nuevo ciclo de negociación: continuar exigiendo el cese al fuego con protocolos o levantarse de la mesa.

El ELN no puede seguir burlándose del país y justificar su vil accionar bajo el argumento cínico de que puede responder por cuanto aún no han pactado ningún cese bilateral. Faltaba más que se sientan con el derecho de matar a mansalva a los miembros de la Fuerza Pública, que sí han cumplido con su tarea. No fue en medio de un combate que masacraron  a esos nueve muchachos, seis de ellos oriundos de la región Caribe –cuatro de la etnia wayuu–, fue un atentado aleve y sin piedad.

El Gobierno despeja el camino, pero los grupos criminales no hacen sino taparlo de gigantescas piedras y cerrarlo. ¿Hasta cuándo?