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Editorial

El Editorial | Condena unánime

El estallido de una granada causó estupor en Barranquilla, donde las autoridades deben actuar con celeridad para dar con los autores materiales e intelectuales de este infame hecho terrorista atribuido inicialmente a una reconocida banda delincuencial.

Repudiable atentado con granada en Barranquilla que dejó 14 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Al mediodía, hora de intensa actividad en el populoso sector de la carrera 40 entre calles 43 y 44, hombres que se movilizaban en un vehículo en movimiento, según las primeras versiones entregadas por testigos, lanzaron el artefacto, lo que generó una fuerte explosión afectando a quienes adelantaban sus actividades cotidianas en ese punto del Centro u ocasionalmente circulaban por allí. En segundos, todo se convirtió en un caos.

Sin duda alguna, esa era la pretensión de los criminales al emplear el terror para causar el mayor daño posible escondiendo su acción cobarde y miserable bajo el manto del anonimato. Aturdidos aún por lo que acababa de ocurrir, los ciudadanos reaccionaron, como pudieron, ante el inusual hecho terrorista que alteró por completo su normalidad. Se inició una reacción solidaria en cadena para atender a los lesionados y remitirlos a centros asistenciales, mientras la Policía acordonó el sector e investigadores e integrantes del Grupo Antiexplosivos de la Sijín empezaron a descifrar las claves de este gravísimo hecho atribuido inicialmente a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Costeños’, una organización con un amplio prontuario criminal y cuyos líderes, a pesar de estar recluidos en diferentes cárceles dentro y fuera del país, continúan delinquiendo.

De acuerdo con la investigación preliminar revelada por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien acudió al sitio de la explosión, el atentado estaría relacionado con el no pago de una extorsión. Aparentemente, los delincuentes quisieron enviar un mensaje intimidatorio a comerciantes del Centro que se niegan a ceder a sus inaceptables chantajes. El mandatario ofreció una recompensa de $50 millones por información sobre los autores materiales, en tanto los propietarios y administradores de negocios de la zona señalan a un sujeto conocido con el alias de Cachetes de ser la persona detrás de las exigencias económicas. Este individuo es considerado como uno de los jefes del ala militar de la banda y actualmente se encuentra preso en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, desde donde, de acuerdo con fuentes de inteligencia, habría ordenado y organizado la ejecución del atentado. Insólito, por decir lo menos, pero no es de extrañar que pase.

Un equipo especial de la Fiscalía se puso al frente de la investigación que ha sido priorizada para avanzar de manera muy rápida en resultados concretos. Es lo que Barranquilla demanda, señor fiscal General, Francisco Barbosa. Un llamado que se extiende también al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, para que este tipo de hechos terroristas no vuelva a ocurrir en la ciudad, ni en ningún lugar del departamento, donde los delincuentes –deben saberlo– no tendrán la última palabra.

Urge establecer, con total certeza, la autoría material e intelectual de esta acción criminal y capturar a los responsables para enviar un mensaje de justicia a los afectados, de respaldo absoluto a las víctimas del detestable delito de la extorsión y, sobre todo, de tranquilidad a los ciudadanos. Garantizar la protección de los derechos de los comerciantes y de los habitantes de Barranquilla resulta fundamental para devolverles la confianza en la institucionalidad.

Cero impunidad, cero tolerancia con estos delincuentes que no tienen espacio entre una sociedad trabajadora y honesta, como la nuestra, que no merece ser sacudida por eventos terroristas que deben ser rechazados de manera unánime por todos los ciudadanos de Barranquilla y el Atlántico. Que el miedo no haga carrera, solidaridad absoluta con los afectados por esta infamia. Unidos siempre seremos más fuertes ante la criminalidad.

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