En saco roto cayeron los llamados al Congreso de la República formulados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Medios de Comunicación (AMI), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Asomedios y una larga lista de agremiaciones periodísticas, que pedían proteger la libertad de prensa y de expresión frente al atentado en su contra que en el mismo seno del Legislativo, ¿el corazón de la democracia?, se estaba urdiendo. 

Con una descarada intencionalidad de favorecer los intereses particulares de funcionarios o exfuncionarios públicos, la Cámara de Representantes, 73 de sus miembros para ser más precisos, en un consensuado acto de censura aprobó, en la noche del pasado lunes, un ‘orangután’, incluido –a último minuto- en el proyecto de ley anticorrupción. La proposición, concebida supuestamente para blindar las “funciones constitucionales y legales” de servidores públicos frente a injurias y calumnias, tiene como telón de fondo una estrategia de silenciamiento de la prensa, mediante el uso de la vía penal con condenas de hasta cinco años y onerosas multas. Gravísimo sistema de control intimidatorio en su contra. 

No cabe la menor duda de que se está frente a un aberrante ataque contra la libertad de expresión en el país, corroborado tras la aprobación del vergonzoso ‘articulito’. Este no es otra cosa que una burda mordaza con la que congresistas pretenden de manera oprobiosa hacer callar a periodistas y medios de comunicación. A todas luces, la disposición aprobada finalmente, que contempla penas excarcelables a diferencia de la propuesta inicial -¡habrase visto semejante despropósito!- supone un lamentable retroceso en el derecho a la información que debe prevalecer en toda sociedad democrática. 

¿Acaso nuestra Constitución Política que garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20 no está vigente? ¿O el sentido del homenaje al Estado de derecho colombiano, que hace pocos días se realizó en el Congreso Mundial de Juristas celebrado en Barranquilla, no buscaba exaltar los valores democráticos que garantizan a “toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”, con responsabilidad social y sin que exista censura? 

La defensa de lo indefendible asumida por los parlamentarios, en especial por el representante a la Cámara por el Atlántico César Lorduy, ponente de esta ley mordaza, no deja más alternativa a la prensa que autocensurar sus críticas e investigaciones sobre las figuras públicas, expuestas por el ejercicio de su labor, al escrutinio de los medios de comunicación. Más gravoso todavía es que quienes se atrevan a desafiar tan improcedente medida, puedan terminar siendo víctimas de acoso y persecuciones judiciales por funcionarios que se sientan atacados. La amenaza de revanchismo es inequívoca. 

Sin el control crítico ejercido por los periodistas, organizaciones comunitarias o veedurías ciudadanas, estas últimas también objeto de la escandalosa disposición -con el agravante de que sus personerías jurídicas podrían ser canceladas-, el imperativo ético y moral de absoluta transparencia que debe guiar a la función pública queda en riesgo, generando condiciones para hechos de corrupción. Descomunal incoherencia porque el propósito de la ley apunta a todo lo contrario. 

No podemos ceder ante el nuevo atentado contra la libertad de prensa que esta vez llega desde el Congreso de la República, so pena de sentar un nefasto precedente en el libre ejercicio de nuestra labor.

Quienes se alarman por lo que pasa en Cuba, Nicaragua o Venezuela respecto a censuradoras leyes de este tipo deberían ser capaces de inferir el futuro incierto al que se verían abocados la libertad de prensa y de expresión en Colombia, de llegar a prosperar esta u otras normas similares, evidentemente inconstitucionales. Conviene actuar a tiempo interponiendo acciones legales para frenar este desatino. 

La lucha contra la corrupción no pasa por censurar a los medios de comunicación. Por el contrario, se debería fortalecer su independencia y otorgarles más herramientas para acceder a información que eleve el nivel debate público. No somos el enemigo a derribar, señores congresistas. Ni blindándose con un fuero especial dejarán de ser cuestionados por una ciudadanía que no se fía de ustedes por actos tan esperpénticos como este.