Suena a más de lo mismo, pero no podemos dejar de insistir en ello. La inflación sigue desbocada en Colombia sin que las sucesivas alzas en la tasa de interés, hoy en el 10 %, ordenadas por el Banco de la República, logren contenerla de momento. El más reciente dato entregado por el Dane indica que en septiembre el costo de vida anualizado llegó a 11,44 %, nuevamente el más elevado de los últimos 23 años, superando todas las estimaciones de analistas del sistema financiero, cada vez más cautelosos, por no decir pesimistas, sobre el aumento de las presiones inflacionarias en los meses finales de 2022 y en el primer semestre de 2023. Con lo que no queda más que preguntarnos, ¿a dónde vamos a llegar o qué nos espera en el futuro inmediato? Sobre todo, porque aunque el Gobierno intente relativizar el impacto del progresivo aumento de la gasolina, este si afectará de algún modo el valor que pagamos, ya con enorme esfuerzo, por los bienes y servicios de consumo diario. 

Parecería que este drama, porque lo es para millones de familias, más allá de sus características socioeconómicas, aunque el golpe sin duda es más descomunal entre los de menores ingresos y los más vulnerables que soportan una inflación ya por encima del 13 %, no está siendo lo suficientemente atendido ni explicado con acierto por quien corresponde. Léase bien, el equipo económico del Ejecutivo, concentrado más en sacar adelante una reforma tributaria de alcance aún impredecible por todos los brincos dados que en explorar fórmulas realistas para paliar lo que debería asumirse como una emergencia social y alimentaria. No se trata de cuestionar la independencia ni de desacreditar lo hecho por el Emisor, que ha buscado a toda costa desacelerar la actividad económica jalonada básicamente por el disparado consumo de los hogares, sino de poner sobre la mesa iniciativas o medidas excepcionales para un momento crítico en el que se hacen urgentes convergencias que faciliten, en lo posible, que el embate de esta crisis se reparta entre los diferentes eslabones, dependiendo de su capacidad de aguante. Pero, hasta ahora, ni propuestas ni concertación: nada de nada. Y el bolsillo, cada día más roto. 

Más bien, ante una situación tan desalentadora, espoleada además por los temores de una recesión global, incrementos en las tasas de interés externas, volatilidad de los mercados financieros o la crisis energética europea por cuenta de la deriva autoritaria de Putin –factores que no darán tregua en el corto plazo–, se echan en falta oportunos consensos entre el sector público y privado para encontrar salidas.

Por el contrario, la distancia entre sus representantes, como dice la canción, es cada vez más grande, lo cual es una señal ciertamente preocupante en un escenario extremadamente complejo. Solo por citar el caso de la industria minero-energética, duramente gravada en la ponencia de la tributaria y sin garantías de continuar con la exploración de hidrocarburos, el mensaje enviado a los inversionistas es lapidario.

Vaya paradoja! Cuando lo que se requiere para afrontar una coyuntura tan adversa es confianza, pragmatismo y unidad, cuidándose de no caer en todo aquello que conduzca a generar más pobreza. 

En cadenas económicas complejas, resulta bastante lógico esperar que la carga tributaria impuesta al sector gasífero, por ejemplo, termine reflejada en nuevas alzas a la tarifa del servicio que pagan 10,6 millones de usuarios. Volvemos al punto de partida. ¿De dónde va a salir más plata? ¿O es que el Gobierno, como muchos trabajadores plantean, aumentará el salario mínimo entre 15 % y 20 %? Colombia está lejos de ser un Estado del bienestar con capacidades económicas suficientes para mitigar las precarias condiciones de vida a las que están siendo arrastradas, por la galopante inflación, miles de familias que destinan, como sucede en la Costa, la mayor parte de sus ingresos mensuales a comprar alimentos y a pagar la energía eléctrica. No está de más preguntarnos, con semejante carestía en ascenso y una tributaria de imprevisibles efectos en curso, ¿cuándo será que nos va a llegar la justicia, en cualquiera de sus versiones, al Caribe que mes tras mes sigue siendo la región más jodida del país?