Perturba, por decir lo menos, enterarse que la Procuraduría General adelanta 24 actuaciones disciplinarias por “presuntas irregularidades” en la aprobación y ejecución de proyectos en los territorios, por más de $250 mil millones, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) -“viabilizados, priorizados y avalados” por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz. Tras conocer que el Ministerio Público ordenó la apertura de 10 indagaciones previas y dos investigaciones, luego de revisar 27 iniciativas, mientras recopila pruebas en otros 12 casos, lo primero que se nos viene a la cabeza es que las prácticas corruptas, tan enquistadas en las regiones donde las élites locales han saqueado históricamente al Estado, se integraron a la perfección al manejo de los fondos de paz, destinados a mejorar las penosas condiciones de vida de los habitantes de los llamados municipios PDET, las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país en los que debían invertirse para asegurar su desarrollo. 

Si el Ministerio Público o la Fiscalía, que también lleva a cabo “acciones de policía judicial y recolección de material probatorio” por este caso, comprueban la ocurrencia de hechos ilícitos, actos corruptos o prácticas deshonestas en el manejo o puesta en marcha de estos proyectos es menester que actúen, no solo con celeridad, sino también con la mayor contundencia posible para sancionar el delincuencial, pero sobre todo inmoral proceder en el que funcionarios públicos habrían podido incurrir con la plata asignada para ejecutar el acuerdo de paz. Lo hasta ahora revelado por periodistas de Blu Radio señala la supuesta existencia de un entramado del que harían parte funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría General de la República, además de congresistas y alcaldes, buena parte de ellos de la región Caribe, que se encargaban de avalar los proyectos a través del OCAD Paz, previo pago de supuestas coimas o dádivas que rondaban el 10 % de su valor. En casi todos los señalamientos aparece el nombre del ex director del Sistema General de Regalías Álvaro Ávila, quien dejó el cargo tras el cambio en la dirigencia de la entidad.

Una de las piezas clave en este vergonzoso escándalo, que ha minado la credibilidad de las entidades encargadas de implementar el acuerdo, es el ex consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila, quien este viernes debe acudir a la Fiscalía para ampliar sus denuncias sobre estas supuestas irregularidades. Archila le dijo a EL HERALDO que, desde hace más de un año, puso en conocimiento de los distintos órganos de control, de la Consejería de Transparencia y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cobro de una especie de “peaje” que se les exigía a los alcaldes que presentaban proyectos para la consideración de la Secretaría Técnica del DNP. Si no pagaban o no tenían padrino político, no eran tenidos en cuenta en la instancia decisoria –el OCAD Paz- de la que él era parte. 

Ante los pactos de silencio, campañas de descrédito o virulentas reacciones de los políticos salpicados, serán los entes de control, en particular la Procuraduría que ha pegado en punta en las investigaciones, los que determinarán qué tanto de nepotismo, soborno, fraude o falta de transparencia hubo en este, aparentemente, bien montado andamiaje institucional que, aprovechándose de la bandera de la paz, tan defendida y atacada -dependiendo de los intereses en juego- al igual que de la debilidad institucional en los territorios, habría maquinado este contubernio para feriarse la plata de la paz, como si fuera un botín.

Nadie puede tolerar ni consentir el menor acto de corrupción o ilegalidad en aras de materializar la paz, la equidad o el desarrollo de los territorios devastados por la guerra. Resulta doloroso comprobar cómo muchos de los recursos de las regalías, que claramente no son infinitos, siguen sin cumplir su propósito por terminar convertidos en la caja menor de sectores políticos que cronificaron sus malos hábitos para perpetuar su poder en las regiones. Si se confirma el saqueo de los fondos de la paz se habrán hecho realidad los pronósticos de quienes temían la mutación de distintas formas de corrupción en el posconflicto. Solo queda esperar la respuesta de las autoridades y confiar en la capacidad de la ciudadanía para ejercer una veeduría permanente a los proyectos de inversión social que han esperado décadas.