En medio de las acciones y gestiones de lo que el gobierno de Gustavo Petro ha denominado la “paz total” –más allá de la larga lista de polémicas que esta ha generado, especialmente en lo relacionado con el Eln– el país no logra superar la violencia y criminalidad en todo el territorio, especialmente en zonas como el sur y oriente del país, donde se han recrudecido los asesinatos de líderes sociales y los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el poder por las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal.
La criminalidad traspasó todas las barreras rurales y ha establecido nuevos focos, de forma que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, lo identifica como una “urbanización del conflicto”, en su más reciente informe sobre la presencia de grupos armados en Colombia llamado “Desafío a la paz total, lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro”, donde define nueve focos del conflicto armado, uno de ellos la Troncal del Caribe.
Dentro de este foco, establece el documento, existen dos nodos: el primero, el que abarca todo el triángulo que configura la Sierra Nevada de Santa Marta en 6 municipios del Magdalena, El Copey (Cesar) y Dibulla (La Guajira) y que extiende sus operaciones a Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Valledupar, producto del enfrentamiento entre las AGC (Clan del Golfo) y Los Pachenca.
El segundo nodo lo concentra el Atlántico, desencadenado por el enfrentamiento y las acciones criminales de las AGC, Los Costeños, Los Rastrojos y otras bandas locales menores, en un terriorio que comprende a Barranquilla y tres de los municipios de su área metropolitana: Soledad, Malambo y Puerto Colombia, así como la banda oriental del departamento en Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, llegando hasta el centro en Sabanalarga.
Una vez más el tráfico de drogas se apunta como el origen de los casos de sicariato cometidos en este último nodo que compromete al Atlántico, en el que se suma la extorsión para fortalecer y financiar las estructuras ilegales que subcontratan los grandes grupos armados a nivel local para maximizar su poderío criminal.
La urbanización del conflicto que exhibe la radiografía de Indepaz no es más que la confirmación de un fenómeno que se ha venido incrementando en la Costa, y puntualmente en el foco de la Troncal del Caribe que identifica el informe. Esto se traduce en que en 2022 –hasta noviembre, corte del informe elaborado–, “en Barranquilla, Soledad y Malambo se concentraban el 94 % de los 441 asesinatos cometidos en los municipios que hacen parte de este nodo. Allí se denunciaron 1.248 amenazas, 312 extorsiones y 2 secuestros”.
Se aproxima la campaña electoral con miras a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. De tal suerte que, con base en este panorama con que comenzamos el año, el tema de la seguridad tendrá que ser uno crucial y central en la agenda de los candidatos que busquen llegar a las alcaldías y gobernaciones.
En el caso puntual de Barranquilla la educación, la salud, la infraestructura, los espacios de recreación y las acciones ambientales han tenido innegables y notorios avances que han mejorado la calidad de vida de los habitantes de la capital del Atlántico, pero lo que necesita y espera la ciudadanía es poder disfrutar de todo sin el temor de ser víctimas de la criminalidad que nos golpea fuerte, aún a pesar de los planes operativos y campañas de las autoridades, que se siguen quedando cortas para garantizar la tranquilidad de los barranquilleros.
Que una buena estrategia de seguridad, para el futuro mandatario, sea el punto de partida para impulsar la atracción de inversión y turismo a la ciudad para seguir en franco crecimiento y sin retrocesos.
