La preocupación que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le expresó a EL HERALDO sobre la falta de controles en los puertos de Barranquilla tiene su principal relato en las recientes operaciones de incautación de droga. En las autoridades nacionales no pasa desapercibido que casi 1,4 toneladas de cocaína fueran descubiertas por la Policía Antinarcóticos, solo en marzo, en contenedores rumbo a España y Bélgica. El mayor alijo, de 874 kilos, se encontraba oculto o, mejor, diluido en bebidas energizantes. El segundo, de 408 kilos, estaba camuflado entre listones de madera. Otros 65 kilos se hallaron flotando en el río Magdalena en dos tulas lanzadas por los encargados de contaminar un buque fondeado en altamar, próximo a zarpar también a Europa.

En efecto, son incautaciones importantes, pero la realidad se estima más exigente de lo que parece y la droga que estaría traficándose desde Barranquilla como consecuencia de la falta de controles sería considerable. Lo que remarca Velásquez causa estupor. De 14 puertos analizados, 10 no cuentan con “vigilancia permanente”, si acaso con inspecciones rudimentarias. Solo cabe temer que muchos de ellos sean un coladero por el que mafias del narcotráfico, sirviéndose de la intermediación de estructuras criminales locales, envían a mercados internacionales toneladas de cocaína. Coincide este momento crítico en los puertos con reportes de máximos históricos en las áreas sembradas con coca en el país, más de 204 mil, según el más reciente registro, y en la producción de clorhidrato de cocaína de 1.400 toneladas en un solo año, de acuerdo con la ONU.

Quien primero lanzó la voz de alerta sobre la ausencia de inspecciones antinarcóticos en los puertos de Barranquilla fue el fiscal General, Francisco Barbosa. Fue a finales de febrero en una declaración que por su crudeza le resultó a muchos destemplada, pero sin duda puso el dedo en la llaga ante una situación que calificó como “calamitosa”. Basado en información creíble, aseguró que en los últimos dos meses en la zona portuaria no se estaba realizando “ningún control en términos de incautación de droga”. Algo que preocupaba, reveló Barbosa, al mismo presidente Gustavo Petro, quien había pedido a las autoridades actuar en dos frentes: contra el narcotráfico y el contrabando. Versión que le ratificó el ministro Velásquez a EL HERALDO, cuando señaló que por la doble condición de puerto marítimo y fluvial, la ciudad se estima como un punto de salida de droga y de ingreso de mercancías de manera ilegal.

En el fondo lo que se configura es un proceso de lavado de activos. Los dólares que se pagan por la cocaína que sale por los puertos regresan al país por esos mismos sitios convertidos en contrabando que al comercializarse y pagarse en pesos, blanquean las grandes fortunas de la mafia. Velásquez lo tiene claro y de ahí su respaldo a estrategias que fortalezcan los controles portuarios en Barranquilla, como escáneres para contenedores, sistemas de vigilancia de última generación o instrumentos tecnológicos para aumentar la inteligencia. La cuestión es que, como es previsible, se requieren cuantiosas inversiones (¿públicas y privadas?), formación de equipos humanos e incluso, un aumento en el pie de fuerza de unidades antinarcóticos para mejorar en un plazo prudente los resultados de las labores de interdicción. Ese es el punto clave en el nuevo enfoque de la lucha antidroga en el país que, con seguridad, el presidente Petro discutirá este jueves con su homólogo Joe Biden en su encuentro en la Casa Blanca, en Washington.

Sin erradicación forzosa, por decisión del Ejecutivo que la valora como una política fallida, la orden del jefe de Estado es incrementar, lo que sea posible, la incautación de cargamentos en el país. Pues, se necesitan herramientas para hacerlo, sobre todo porque la meta es ambiciosa: 832 toneladas de cocaína este año, 161 más que en 2022. Estrategia con un propósito, dicen: debilitar a las organizaciones armadas ilegales, las interesadas en negociar la paz, las que se someterían a la justicia y las que se quedarían por fuera, casi todas multinacionales del narcotráfico. Reto descomunal, además de un extenuante combate de resistencia en el que es fundamental que todas las fuerzas de la institucionalidad actúen al mismo tiempo y con igual contundencia.