¡Seamos francos! Reforma Tributaria sin turbulencias es un escenario poco realista en Colombia. La que acaba de radicar en el Congreso el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no es la excepción. Pese a la legitimidad política del recién estrenado gobierno de Gustavo Petro, su principal receta para contribuir a la igualdad y la justicia social y consolidar el necesario ajuste fiscal empieza a inquietar a varios sectores, algunos de ellos realmente preocupados por sus eventuales impactos económicos e incluso sociales. A estas alturas, en medio de los análisis aún preliminares –mucho antes de que la propuesta sea sometida a infaltables ajustes durante su recorrido por el Legislativo– quienes desde ya la cuestionan temen que la inequidad que busca disminuir termine por afectarlos debido a un posible efecto búmeran.  

Que faltan recursos para saldar la inmensa deuda social con los más pobres del país, cierto. Que urge simplificar el sistema tributario reduciendo exenciones inequitativas o cerrando espacios para la evasión y la elusión, que alcanzarían $80 billones al año, también es imprescindible. A simple vista es una cuestión de justicia y progresividad en la que se plantea gravar los patrimonios superiores a $3 mil millones y limitar beneficios tributarios a las rentas de personas naturales, tanto trabajadores como pensionados, que ganen $10 millones o más al mes. Si la clave está en equilibrar las cargas, nadie debería oponerse a reducir la desigualdad, el hambre o la pobreza en un país donde cerca de 20 millones de sus habitantes lo son o en el que el 10 % de su población acapara el 70 % de la riqueza. Renunciar a asegurar la estabilidad de las finanzas de la nación, en tiempos críticos en los que la deuda se ha disparado, tampoco sería sensato. 

Pero, como el diablo está en los detalles, incluso congresistas del Pacto Histórico, como Alexander López o Katherine Miranda, han expresado dudas por aspectos de la iniciativa que, quedó claro, no fue concertada con sectores políticos ni económicos. Entre esos asuntos que despiertan más intranquilidad, particularmente en las zonas de frontera, está la eliminación de los subsidios a combustibles, lo cual según sus habitantes dispararía aún más la vertiginosa carrera alcista de productos básicos de su canasta familiar por el impacto indirecto del incremento de la gasolina o el Acpm. Razonamiento bastante lógico, teniendo en cuenta que capitales como Cúcuta o Riohacha figuran entre las de mayor carestía nacional. Otro tema controvertido son los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, cuyo consumo constituye un grave problema de salud pública al ser responsables del aumento de riesgo metabólico. 

Desestimular su compra siempre será un paso en la dirección correcta, pero es ingenuo creer que el gravamen por sí solo modificará hábitos alimenticios arraigados en grupos poblacionales de escasos ingresos que verían afectado su bolsillo si su valor final sube tras la reforma. Se necesitan también otras medidas concertadas con el Ministerio de Salud. El azúcar, conviene no olvidar, es uno de los productos que más ha incrementado su precio en los últimos meses, jalonando de manera considerable la carestía. En el caso de los impuestos ambientales a la exportación de petróleo, carbón y oro, la meta de que el fisco nacional se quede con un porcentaje importante de sus ingresos no debería relativizar el choque socioeconómico que ello podría desencadenar en departamentos de la Costa donde opera la industria extractiva. Tampoco se puede perder de vista la advertencia del sector de los plásticos que anticipa aumentos en el costo de los empaques, ¿adivinen de qué? De alimentos y productos de aseo o limpieza.

Por supuesto que la propuesta no toca el IVA. No al menos de manera directa, con lo que, grosso modo, no habría consecuencias para el conjunto de la población. Pero sin duda, al margen de su impacto en las empresas que dejarán de tener beneficios tributarios, en las grandes fortunas o en quienes deban elevar aún más su aporte, la reforma por los laditos sí alcanzaría a consumidores y usuarios. Es inevitable que ocurra, saberlo se hace necesario. En los próximos días asistiremos a interminables debates gobernados por distintos intereses que tendríamos que identificar con claridad, también las fortalezas y debilidades de esta reforma que, más allá de las mayorías petristas en el Congreso, no estará exenta de dar una gran batalla. Ahora, toca esperar y ver.