En la penúltima semana del año se hizo la radicación del polémico Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, compuesto por nueve personas, y con lo que arranca el proceso de recolección de 3 millones de firmas (el 5 % del censo electoral) para radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República el 20 de julio de 2026.

Según el presidente Gustavo Petro, quien incumple su palabra en campaña de no convocar una constituyente, para el Día de la Independencia del año entrante “se habrá elegido la nueva Presidencia de la República. Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después”.

Petro plantea nueve temas para esa cuestionada constituyente: el primero, las reformas sociales (reforma pensional, reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos, reforma a la educación); el segundo, la reforma agraria; el tercero, la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática.

El cuarto tema de la controvertida asamblea sería el nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones; el quinto, la reforma a la justicia: “Solo la Corte Constitucional se mantendrá intacta. El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares”; el sexto, la reforma política. Y en el séptimo asunto de la criticada constituyente estaría “el derecho a la paz: los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz”; el octavo, la seguridad integral de Colombia y sus ciudadanos; y el noveno, “Colombia en el mundo. La confederación de Naciones Grancolombiana. La paz en las Américas”.

Aunque la amenaza de Petro con la constituyente no es nueva, y ha salido a blandirse en varias oportunidades cuando los controvertidos planes del Gobierno se ven controlados en el Congreso, las altas cortes, los tribunales o los entes de control o autónomos, lo que sí llama la atención en este momento es que el anuncio de la inscripción fue hecho dos meses y medio antes de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 8 de marzo, y de las presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.

De hecho, es un exconstituyente del 91 como Humberto de la Calle quien advierte que el proceso que impulsa Petro es inapropiado y no puede ser un “truco electoral”, enfatizando que “la del 91 fue objeto de consenso en la nación y de acuerdo político previo”. Coincide en este análisis un exministro del propio Petro como Alejandro Gaviria, ex jefe de su cartera de Educación, calificándola como “una estrategia política para quedarse en el poder”, precisando que busca disponer de recursos públicos para las elecciones, para “desviar la discusión de los escándalos de corrupción, el problema fiscal y la ineficacia del Gobierno”.

Además, en un documento formal de los cambios que se harían con la constituyente se lee que “se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República”. Esto, por supuesto, desató entre los entendidos las preocupaciones por los riesgos institucionales, los cambios en el modelo económico, las protecciones macroeconómicas y la estabilidad económica del país.

Por ello el ex ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela inició acciones legales para exigir que la propuesta de la constituyente cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Se trata de un derecho de petición ante la Registraduría y una acción disciplinaria en la Procuraduría: a la Organización Electoral le solicita la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor, los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal, entre otros. Y al ente de control disciplinario le pide investigar posibles irregularidades, como la eventual intervención de servidores públicos o el uso de recursos oficiales en una campaña que se presenta como ciudadana.