El colapso parcial del tajamar occidental de Bocas de Ceniza, a la altura del kilómetro 6, a unos 200 metros más adelante de la segunda playa de Puerto Mocho, como lo denunció EL HERALDO, no es solo una emergencia en Las Flores. Es una advertencia alarmante de lo que ocurre cuando se desatienden o desestiman durante años las señales de deterioro de una infraestructura que ha sido crucial para Barranquilla, sus habitantes y economía portuaria.

A simple vista, pescadores, mototaxistas y comerciantes de la zona, que subsisten de sus actividades diarias, enfrentan una situación compleja por el socavamiento del terreno que mantiene en vilo su paso hacia Bocas de Ceniza. Lo que antes era una vía de constante tránsito de motos con turistas y trabajadores se ha reducido a un estrecho corredor a punto de desmoronarse. Si el tajamar cede por completo, el sector quedará incomunicado y el acceso a este icónico punto de la ciudad se perderá, al igual que los ingresos de las familias.

Devastador, sin duda. No obstante, en el fondo de esta crisis, incubada de forma lenta y gradual, resultado de la desidia de autoridades nacionales, las directas responsables de su mantenimiento, según la Ley de Puertos, subyace una amenaza aún peor, real e inminente, de proporciones épicas que hundiría a Barranquilla en una catástrofe económica y social. Si el deteriorado tajamar occidental colapsa totalmente, el canal navegable desaparecería, como consecuencia de la ingente sedimentación de río y mar que ninguna draga tendría la capacidad de remover. Sería el final de la zona portuaria. Tan simple y tan grave como eso.

Decenas de miles de empleos de la cadena de valor se esfumarían por la parálisis de las operaciones portuarias. La economía de la ciudad, también de la región Caribe e incluso de la nación, sufriría un golpe brutal. Por donde se mire, el costo de que Barranquilla se quede sin su canal de acceso no habría únicamente que cuantificarlo en cifras por la pérdida de competitividad e inversión, también por un impacto social sin precedentes que podría fracturar el futuro de su gente. El puerto fluvial y marítimo de la Puerta de Oro de Colombia es uno de sus principales motores económicos. Nadie debería desconocerlo. O de lo contrario, ¿quién asumirá la responsabilidad histórica si los peores pronósticos se cumplen?

Lo que está pasando no es un hecho aislado ni fortuito. Más bien, era predecible. Desde hace décadas, denuncian los veedores ciudadanos de Las Flores, los tajamares no reciben mantenimiento oportuno. Aseguran que el tren que transportaba rocas para esas labores nunca volvió y que la entidad encargada de hacerlo desapareció. En estos tiempos, el Ministerio de Transporte y su entidad adscrita, Cormagdalena, son las que deben ejercer esas funciones para solventar fallas ocasionadas por fenómenos naturales u otros eventos.

Cormagdalena está en mora de entregar un estudio de detalle sobre el estado de los tajamares para adelantar las obras de encauzamiento del río. Su director, Álvaro Redondo, al que esperamos en Barranquilla para que se apersone del caso, confirma que ya avanza en 90 %. Si mañana mismo lo concluye, queda aún por establecer si el proyecto necesitará licenciamiento ambiental o un proceso de consultas previas. De modo que es probable que los $1,3 billones que costaría la intervención ni los $130 mil millones que con urgencia se requieren para subsanar la actual emergencia se encuentren asegurados. Es más, con un Gobierno que se queda sin caja; un Presupuesto General 2026, que se fijaría por un nuevo decretazo presidencial, lo que sacude el fantasma de la dictadura fiscal, y la presión de la inminente Ley de Garantías, los recursos para atender con celeridad la crisis no están cerca.

La Bancada del Atlántico y el Caribe deben entender la dimensión del riesgo. Denuncien la desidia institucional que por omisión tiene al borde del colapso al tajamar occidental antes de que sea demasiado tarde. ¡Necesitamos soluciones, que estas sean ahora su prioridad!

Levanta la mano el Distrito, el más interesado en mantener estable el calado del canal de acceso, en recuperar el último tramo entre Las Flores y Bocas de Ceniza y en preservar la restauración ecológica del Río, Mallorquín y Puerto Mocho, en los que se invirtieron cuantiosos recursos para transformar a la ciudad y darle calidad de vida a sus comunidades.

Ofrece asistencia financiera a Cormagdalena, a la que se le hace tarde para anunciar un plan de emergencia. Sin una reacción inmediata, Barranquilla podría quedarse sin su mayor activo estratégico: su puerto. Solo pensarlo estremece. No más excusas ni dilaciones: urge inversión real, intervención técnica prioritaria y voluntad política. El tiempo corre en contra.