Ahora que Nicolás Maduro da como un hecho la venta de Monómeros a Colombia, surgen dudas razonables acerca de los términos de una negociación que, de momento sabemos, será confidencial. Aunque sí es de público conocimiento que el Gobierno, por decisión del presidente Petro, busca adquirir la petroquímica filial de la estatal venezolana Pequiven, para asegurar soberanía y seguridad alimentaria del país y estabilidad económica del agro.
Con el visto bueno del gobernante chavista y el denodado interés de nuestro mandatario tenemos encima de la mesa una venta con opciones ciertas de concretarse. Así las cosas, la compañía, que se gestó en 1967 como un proyecto binacional e inició operaciones en 1972 en Barranquilla, pasaría en breve a ser una empresa estatal colombiana. Suena bien y parece fácil. Pero la realidad es otra. Para avanzar en su objetivo, las partes deben contar con la aprobación de un tercer actor clave que, a decir verdad, tiene la sartén por el mango.
Si Estados Unidos no renueva u otorga una extensión de la licencia Ofac, que venció a finales de junio o flexibiliza sus sanciones comerciales y financieras contra Caracas para dar luz verde al negocio, será muy difícil, por no decir inviable, que el acuerdo se materialice. Si aun así Petro persiste, se hace el de la vista gorda y compra Monómeros, Colombia podría exponerse a bloqueos de transacciones financieras, congelación de activos o prohibiciones de comercio. También a la imposición de aranceles del 25 %, ordenada por el presidente Donald Trump a países que negocien con empresas vinculadas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Y como es de suponer, Pequiven sostiene con ella una estrecha relación estratégica.
La adquisición de Monómeros es una decisión política frente a la que el Gobierno, más allá de sus afinidades ideológicas, no debería perder de vista el historial del vecino, a fin de no darse un tiro en el pie o lanzarse piedras en su propio tejado. Sobre todo, en una etapa de máxima tensión por la “tendencia negativa” de la relación bilateral. Dicho esto, el escollo que representan las sanciones de Washington, con el que Colombia ya estableció contactos para exponer el caso, es solo el primero a superar. Sobre el papel, aparecen muchos otros.
Uno, que no es menor, tiene que ver con la situación financiera y problemas de liquidez de Monómeros. De acuerdo con Supersociedades, sus ingresos y patrimonio cayeron en 2024, asimismo registró pérdidas y sus ventas decrecieron. Ciertamente, la empresa sigue siendo un activo estratégico, pero con un 12,5 % de participación está lejos de ser la de más peso en el mercado. ¿Se justifica una inversión de entre 70 y 350 millones de dólares, además en una coyuntura de enorme fragilidad fiscal, como la que atraviesan hoy las finanzas públicas?
Ecopetrol, de donde saldrían los recursos para el negocio, cruza su propio desierto en un entorno complejo, con la caída de utilidades. De suerte que Ricardo Roa, su presidente, no es el más entusiasmado con la idea. También le inquietan las restricciones de Washington. La petrolera tendría que hacer cuantiosas inversiones para recuperar capacidad productiva o modernizar instalaciones. En consecuencia, ¿vale la pena correr semejante riesgo? De ahí que sea fundamental que en la actual etapa en la que Colombia y Venezuela cruzan datos se precise el estado real de la compañía, sus indicadores de gestión, de costos. No sea que se lleven una sorpresa, pensando con el deseo o ensillando el caballo antes de comprarlo.
En una decisión de tan alto impacto no basta voluntad política. Esa ya se da por descontado.
El gobierno Petro, al que le queda solo un año, debe tener claro para qué comprará Monómeros. Si es para abaratar el precio de los fertilizantes, podría mejor subsidiarlos. Si es para apuntalar su estrategia de transición verde, debería más bien acelerarla porque su tiempo se agota. Si es para diversificar el portafolio de Ecopetrol, tendría que incorporar a Roa a la negociación para saber qué hará con ella. Si es para hacerle un favor al vecino, con el que estamos viviendo una renovada luna de miel, mal estamos. En cualquier caso, con los errores de gestión, eficiencia o ejecución de esta administración, ni hablar de los de Venezuela, son válidas las dudas o reticencias que aparecen en el camino de la negociación.
La compra de Monómeros, una empresa que para Barranquilla ha sido fuente de vínculos históricos en torno a desarrollo socioeconómico, podría llegar a ser una oportunidad única. Hacerla realidad dependerá de factores fuera de nuestro alcance. Por eso, antes de dar el paso definitivo, el Gobierno debería resolver todas las dudas posibles con real utilitarismo para asegurarse y convencer a los colombianos de que sea realmente una buena idea.
