Por estos días en el sur del Atlántico, la espera por la segunda temporada invernal del año se ha tornado angustiante. Las fuertes lluvias registradas entre marzo y julio han aumentado de manera considerable los caudales de los ríos en el interior del país, muchos de los cuales desembocan en el Cauca o directamente en el Magdalena. Así que más temprano que tarde, sus efectos se harán sentir en el departamento si los niveles del canal del Dique y el río siguen creciendo, como Gustavo De la Rosa, líder social de la zona, le aseguró a EL HERALDO.

De hecho, en algunos municipios, Luruaco, Santa Lucía y Campo de la Cruz, ya se han presentado las primeras emergencias por fuertes aguaceros y desbordamientos de arroyos.

Aunque, claro, la principal preocupación radica en el estado de la hidrovía, donde las obras estructurales del megaproyecto concesionado a Sacyr continúan en suspenso a la espera de la licencia ambiental exigida por la entonces ministra Susana Muhamad. El Gobierno ni raja ni presta el hacha. Seamos claros. Ni la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) da carta blanca para el desembolso de los recursos para financiar el estudio ambiental requerido, ni la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene presupuesto para adelantar las obras de mitigación que los habitantes del sur del Atlántico están solicitando.

Ante la máxima alerta, la Gobernación del Atlántico hace lo que le corresponde. Declara calamidad pública para activar mecanismos legales que faciliten agilizar las intervenciones preventivas, mientras monitorea los niveles de los cuerpos de agua. Cierto que no estamos aún en su cota de inundación, pero es indispensable anticiparse para estar bien preparados y reducir el riesgo para los habitantes del cono sur que han padecido lo indecible desde noviembre de 2010, cuando la tragedia tocó a sus puertas tras la rotura del canal del Dique.

Es insólito que pasados casi 15 años, esas mismas comunidades continúen cada temporada invernal debatiéndose entre el miedo y la incertidumbre, debido al riesgo de afrontar una calamidad igual o peor a la que cambió sus vidas para siempre. Lamentablemente, parece que seguimos sin aprender nada sobre prioridades en un país de comprobada extrema vulnerabilidad climática. Escribimos sin cesar las crónicas de nuestras tragedias anunciadas.

A estas alturas, también resulta increíble constatar el penoso papel al que ha quedado reducida la Ungrd, la crucial entidad que soporta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Su ‘sino trágico’ confirma el refrán: “No hay peor cuña que la del mismo palo”. La estrechez presupuestal, a la que el Ministerio de Hacienda la condenó tras recortarle $2.1 billones en 2024, condujo a su director, Carlos Carrillo, a administrar carencias en uno de los periodos más críticos que se recuerde por la ola invernal que este año ha afectado a 541 municipios y a 121 mil familias. ¿Será una cuenta de cobro por su vergonzoso escándalo de corrupción?

Esta medida contra toda lógica, si se tienen en cuenta las banderas de la Colombia Potencia Mundial de la Vida –dos de ellas: la lucha contra el cambio climático y el ordenamiento del territorio alrededor del agua–, redujo a su mínima expresión la capacidad de actuación de la unidad. Apenas dispone de $9 mil millones para atender emergencias en los cinco meses que restan de 2025. Dicho de otra forma, plata no hay para dar respuesta al desesperado clamor de alcaldes o comunidades que tienen el agua hasta el cuello en territorios del país.

Para salir del atolladero, Carrillo le pide a Petro declarar la emergencia económica, social y ambiental que garantizaría recursos, vía decretos con fuerza de ley. Pero, a renglón seguido reconoce, y hace bien en hacerlo, que todavía espera la transferencia por $1.9 billones de la declaratoria presidencial de 2024, la de desastre nacional, de la que no ha visto un peso. Tampoco las regiones devastadas por los desastres de ese año, que han vuelto a padecer el drama invernal. Es evidente que a Carrillo lo dejaron solo, al igual que a la gente en riesgo.

Pues no tiene mucho sentido proceder por esa senda si las arcas de la nación, como se sabe, están desocupadas. Ante el estupor e indignación de los damnificados, no está de más reiterar que la prensa, esa que tanto incomoda al jefe de Estado, hace visible a diario los efectos del invierno. También escucha y acompaña a quienes demandan con urgencia acciones preventivas por el arranque de la segunda temporada. Es nuestra principal obligación. Y lo hacemos con gusto. Lástima que otros, definitivamente, no cumplan con las suyas.