No cabe duda de que la reforma laboral, sancionada el miércoles como ley de la República, es una caja de Pandora que puede comprometer la estructura de costos del 98 % del sector empresarial colombiano, amenazar la generación de nuevos puestos de trabajo e incluso la estabilidad de los actuales empleados formales. También es innegable que recoge avances importantes, porque regulariza la situación de quienes laboran en las plataformas digitales, reconociendo su derecho a seguridad social, y le da vida al programa Crea Empleo, que subsidiará la nómina de empresas que contraten a jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.

Más allá del chantaje o presión del Gobierno con su ilegal e inconstitucional ‘decretazo’ de la consulta popular, no deja de ser un hecho político significativo que las distintas bancadas en el Senado, siguiendo el cauce institucional, hubieran podido alcanzar acuerdos, además en tiempo récord, para mejorar el texto de la resucitada reforma, que se archivó el 18 de marzo en la Comisión Séptima. La laboral 2.0, como se le conoció en su trámite final, terminó con 75 artículos que entrarán en vigor de manera gradual tras su publicación oficial.

Pese a su aprobación, la preocupación de sectores políticos, gremios y centros de estudios económicos se mantiene invariable. Señalan que los cambios incorporados en la nueva norma: el contrato de trabajo a término indefinido como regla general, la ampliación en dos horas del recargo nocturno –desde las 7:00 p. m.–, el sobrecargo para domingos y festivos del 100 %, con entrada en vigor escalonada, y el reconocimiento de contrato laboral y no de aprendizaje para los estudiantes del Sena, afectarán la sostenibilidad empresarial de las mipymes. En el mediano plazo, los costos laborales podrían aumentar entre 6,4 % y 8,0 %.

Y en un escenario tan exigente para su operación o funcionamiento, pequeñas empresas, negocios familiares y emprendimientos con riesgo de inviabilidad podrían no ser capaces de asumirlos o absorberlos, así se esfuercen. Si se tiene en cuenta que de ellos depende el 79 % del empleo nacional, el riesgo de congelamiento de nómina, pérdida de trabajos, informalidad o cierres aparece como una espada de Damocles. Alarmante porque 12,8 millones de personas laboran ya sin protección social, en informalidad o precarizados. Y aún peor, ¿qué pasará con los miles de empleos que se crean hoy en el país por cuenta propia?

Oponerse al principio de trabajo digno y decente o a la búsqueda de más estabilidad laboral de la gente formalmente ocupada no tiene discusión. El nuevo pacto laboral acordado en el Legislativo, por iniciativa del gobierno Petro, se centra en ello, pero resulta evidente que la norma no considera a quienes viven del rebusque, a los desocupados de larga duración o a trabajadores estacionarios del comercio, turismo o agro. ¿Quién los empleará o formalizará si esta ley hará indefectiblemente la contratación mucho más costosa? Ciertamente difícil.

Quienes desde el oficialismo, los sindicatos o sus sectores afines celebran la recuperación de derechos laborales deben ser conscientes de que su implementación efectiva constituye uno de sus mayores desafíos. El Ministerio de Trabajo, entidad fiscalizadora de las normas laborales en el país, tiene una reducida capacidad de inspección, vigilancia y control, al igual que de aplicación de multas. De manera que artículos como el que elimina los contratos por prestación de servicios para tareas permanentes en el sector público o el que protege a las empleadas domésticas, que tendrán ahora una jornada máxima de ocho horas, podrían quedar en letra muerta si no se implementa una pertinente supervisión de los encargados.

Se esperaría que el ministro Sanguino fortalezca el actual sistema de inspección y lo haga realmente preventivo, porque de nada le sirve ensañarse con una empresa que, al final, se cierra y deja a sus trabajadores en la calle. ¿O cómo procederán en el caso de mipymes que no puedan cumplir la norma? Si el Gobierno no actúa en consecuencia con mayor inflexión, facilitando ajustes necesarios o habilitando instrumentos compensatorios, ante la fragilidad del tejido productivo o la economía popular, lo que se conoce como enanismo empresarial, pues no entendió nada sobre la realidad del mercado laboral, sobre todo el de las regiones.