Ya era hora. La medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena suspender de manera temporal el arbitrario cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad abre una puerta de esperanza a los propietarios de casi 150 mil predios, en el eje vial Cartagena-Barranquilla, que desde julio debían empezar a pagar sumas cuantiosas por una contribución inequitativa que carece de sustento técnico y legal. Este fallo judicial, derivado de la acción popular interpuesta por el senador Carlos Meisel, que en EL HERALDO no podemos menos que celebrar, es un primer paso en la dirección correcta para tratar de corregir la injusticia tributaria que el Ministerio de Transporte e Invías pretenden imponerle al Caribe colombiano. Más puntualmente a los residentes en la zona de influencia que abarca a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta y Piojó en los departamentos de Bolívar y Atlántico.

En su minuciosa revisión, el Tribunal determinó que la contribución arrastra serias deficiencias de participación previa que afectan los derechos colectivos de la ciudadanía sujeta del cobro, como lo había señalado la Procuraduría General de la Nación. La más protuberante es la falta de socialización adecuada sobre sus términos para que las personas tengan totalmente claro quién debe pagarla, de cuánto será ese monto, cómo o con base en qué avalúo se estableció la tarifa, en qué se invertirán los recursos a recaudar o de qué manera se tramitarán las reclamaciones a las que haya lugar.

Eso no pasó. Lo que hubo fue un remedo de socialización en reuniones con un reducido cuórum debido a que no fueron notificadas ni publicitadas, como la norma señala. Sobre todo, si ello se refiere a las comunidades étnicas del espacio geográfico en cuestión, las cuales deben tener una sensibilización diferencial. De manera que el fallo es perentorio, se le ordena a Invías repetir el proceso durante los próximos tres meses en audiencias públicas que deberán cumplirse en los mismos territorios donde se haría el cobro de la valorización.

Sin transparencia ni claridad, lo único que sigue generando la contribución es desconfianza absoluta. Entre otras razones, porque el Gobierno nacional pretende recaudar $1.2 billones, a costillas de los maltrechos bolsillos de los habitantes de Atlántico y Bolívar sin que exista certeza alguna de que el recurso se reinvertirá en las obras de infraestructura que demanda con urgencia la región Caribe. Es más, en la defensa de su embeleco ni al Ministerio de Transporte, ni a Invías, ni a la ANI se les escucha decir ni una sola palabra sobre la terminación del proyecto de la doble calzada, por la que ahora pasan una cuenta de cobro.

En ese sentido, ¿cuál es la evidencia real de que los cerca de 150 mil predios, entre ellos 51 mil en Barranquilla y 46 mil en Cartagena, cobijados por la medida obtuvieran un beneficio directo proporcional al valor que se les intenta cobrar? Pregunta para la socialización y, con seguridad, no será la única. Porque lo que está de fondo frente a semejante atropello es la legalidad misma de la contribución. Sus inconsistencias inconstitucionales, resultado del método empleado para su diseño o estructuración, violan principios en materia tributaria, como el de la no retroactividad. Y ni hablar de cómo usaron avalúos comerciales, en vez de catastrales, para calcular la tarifa, o de las fórmulas basadas en la distancia del inmueble a la vía. Improvisación en su máxima expresión que noquea de frente a miles de ciudadanos. Esta lucha por la justicia tributaria, una cruzada por proteger los derechos de la gente para salvaguardar su dignidad, apenas ha conseguido una victoria parcial. Importante, sin duda, pero aún queda la madre de todas las batallas: que la medida cautelar pase a ser definitiva por los vicios de ilegalidad contenidos en la contribución. Por tanto, que nadie rompa filas.

El liderazgo político de congresistas, alcaldes y gobernadores, la unidad gremial y la activa participación ciudadana han sido determinantes no solo para interponer ante las altas cortes acciones judiciales contra el cobro, también para denunciar con categórica firmeza este abuso. Como es el deber ser, en el Consejo de Estado reposan las demandas de nulidad. Estamos a la espera de una decisión de fondo, que no es nada distinto a que, en aras de la justicia tributaria, se garanticen los derechos de la ciudadanía que no debe ser maltratada.