El gobierno Petro quiere sumar un nuevo tablero de negociación al ajedrez de su hasta ahora fallida paz total. Lo anuncia el propio jefe de Estado cuando asegura que “pacificará Barranquilla”, abriendo un espacio de diálogo con estructuras criminales locales, ‘los Costeños’, ‘Pepes’ y ‘Rastrojos Costeños’, que desde el 2023 han pedido pista en su política de paz urbana. Lo primero es precisar que, aunque estos grupos delictivos suelen instrumentalizar a menores de barrios vulnerables de la ciudad y municipios del Atlántico, están lejos de ser las bandas juveniles que retrató Petro en su discurso, en el Paseo Bolívar.

Parte el mandatario de un desconocimiento de la violencia urbana en el área metropolitana de Barranquilla, donde durante la última década se ha fortalecido la presencia y expansión de estas organizaciones ilegales, volcadas al crimen en sus distintas expresiones: extorsión, microtráfico, préstamos ‘gota a gota’ y despojo de tierras. Rentas ilícitas por las que libran una disputa que habría dejado 800 víctimas letales solo entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Asegurarse el control territorial aparece como el principal detonante de su guerra.

Por tanto, circunscribir su accionar delictivo únicamente al narcotráfico, que sin duda usa el puerto de Barranquilla como un escenario criminal, no es consecuente con la realidad de nuestro conflicto. Por ahí no es el asunto, pese a que el presidente insista en ello. En el caso de ‘Costeños’ o ‘Pepes’, estos no controlan esa economía ilícita a gran escala; su capacidad no les da para tanto. Detrás de esos cargamentos de droga que salen por el Atlántico rumbo al exterior, sobre todo por vía lanchas rápidas, se encuentra el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, que delega o subcontrata con las bandas algunas labores.

Caracterizar el real alcance del crimen organizado en Barranquilla y su área metropolitana e identificar los liderazgos de quienes lo dominan son imprescindibles en el propósito de abrir un diálogo sociojurídico que pueda ser verdaderamente sostenible o estable en el tiempo y asegure un desescalamiento de la violencia urbana. Iniciar con un dictamen errado daría al traste con cualquier iniciativa en ese sentido que, sí o sí, debe entenderse como un proceso para conversar los términos del sometimiento a la justicia de estas organizaciones.

Es el único camino posible para bandas criminales sin carácter político como ‘los Costeños’ o ‘los Pepes’, a diferencia del Eln que sí lo tiene. El comisionado de Paz, Otty Patiño, así se los aclaró hace unas semanas cuando los jefes de esas estructuras, los otrora aliados, ahora enemigos acérrimos, Jorge Díaz Collazos y Digno Palomino le insistieron por un espacio de paz urbana. “Desmovilización, sí; mesa y diálogos, no”, dijo. ¿Qué cambió desde entonces?

Quizás nada. Por lo menos, no que se sepa. Tal vez Petro con su emocional uso de la retórica populista, decidió lanzar la propuesta, sin diagnóstico previo ni metodología establecida, pensando en obtener una victoria temprana que le dé réditos electorales en el 2026 si logra reducir -vía tregua o acuerdos pactados entre las organizaciones, como es esperable que suceda- la mortal violencia que afecta a Barranquilla, Soledad y Malambo. Sin embargo, ese efecto positivo en materia de seguridad podría ser tan solo un espejismo que desencadene al final un efecto rebote, debido a que se corre el riesgo de que recrudezca el conflicto local.

¿Qué incentivos les ofrecerá el Estado a los integrantes de estas estructuras que acumulan años delinquiendo para que inicien el diálogo, se mantengan en él, adquieran compromisos de treguas y se desarmen para reintegrarse a la legalidad? A poco más de un año del término del Gobierno, el tiempo corre en su contra. Aunque lo más inquietante es que no existe el soporte jurídico para concretar el proceso. Dicho de otra forma, no hay ley de sometimiento colectivo que materialice sus avances. Es una paz urbana que está en el aire, sin marco legal.

Así han transcurrido las conversaciones en las mesas del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó. Cierto que redujeron homicidios, más no otros delitos, pero a estas alturas quienes participan en ellas, las bandas, la sociedad civil, la academia y autoridades locales, no saben a qué atenerse. De modo que, más allá de tratar de garantizar la supervivencia del diálogo, el Gobierno no logra resolver sus aspectos centrales. Entre ellos, la situación jurídica de los que están dentro y fuera de las cárceles: una responsabilidad del nivel central, no del local.

El Distrito y la Gobernación, dispuestos a sumarse, le han pedido al comisionado que tome la iniciativa. Es lo mínimo. Si Patiño no precisa los derroteros de la mesa a abrir, la instala, acompaña y da margen de maniobra, no habrá cómo obtener resultados estables y de imaginar un desmonte de ‘los Costeños’ y similares. El balón está hoy en la cancha de Petro.