Los portuarios cerraron filas ante la arremetida del presidente Petro, que amagó hace unos días con “cambiar radicalmente la administración de los puertos”. Cierto que horas después reculó, algo inusual en él, pero es evidente que el jefe de Estado tiene entre ceja y ceja a las terminales de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, a las que acusa de haber sido coaptadas por el narcotráfico y el contrabando, al tiempo que las vincula a una violencia que dice “cada vez parece estar más articulada a grupos políticos, como una especie de nuevo paramilitarismo”.

Unas son de cal y otras son de arena en las elucubraciones del mandatario cuando pone el foco en los puertos. Lo fácil es lanzar señalamientos que erosionan la credibilidad del sector, con más ánimo revisionista y revanchista que orientado a construir soluciones conjuntas a sus desafíos. De hecho, con sus falencias o limitaciones, porque las tienen, el modelo de concesiones manejado por privados, que suma más de 30 años de trayectoria, ha sido eficiente. Sus resultados en términos de crecimiento del comercio exterior hablan por sí solos. A primera vista, volver a lo que se tenía antes de 1991 no parece una opción realista.

Desconocer la inversión hecha por el sector en la modernización de la operatividad portuaria no solo sería una insensatez, un mensaje nefasto para los inversionistas, sino también un exabrupto en términos legales porque se incurriría en una privación de los derechos adquiridos por las concesiones a través de contratos amparados por la legislación.

Enhorabuena se desmarcó Petro de su intención para admitir su error luego de comprender que la industria se dedica exclusivamente al manejo de la parte logística y del movimiento de las cargas. Si él quiere pedir cuentas sobre las deficiencias en la seguridad portuaria tiene que hacerlo a la Policía Fiscal y Aduanera, a la Antinarcóticos y a la Dian, que depende del Ministerio de Hacienda. Ellos son los responsables de los controles, todos entes estatales.

Ahora bien, los antecedentes de los recientes cuestionamientos hechos por el jefe de Estado acerca de cómo la vigilancia portuaria “está en manos de la mafia”, que “las aduanas les pertenecen a narcotraficantes o contrabandistas” y que la misma policía se encuentra bajo el control de estas organizaciones criminales, debemos buscarlos en septiembre de 2022. En uno de sus primeros análisis sobre narcotráfico, violencia y puertos, ya advertía que se debía “focalizar” una estrategia, basada en inteligencia del Estado, para atacar focos de violencia en ciudades portuarias donde “bandas de jóvenes barriales prestaban servicios para cargar barcos” con droga y, de paso, “combatir la corrupción” entre los funcionarios.

Sin duda la decisión del presidente de reforzar controles de los organismos del Estado para impedir que puertos, líneas marítimas y contenedores fueran usados por mafias del narcotráfico era coherente. No obstante, casi tres años después esa propuesta no se ha materializado. Aún más difícil es ponerla en marcha bajo el actual desfinanciamiento de la Policía, a la que le redujeron de forma considerable sus recursos, en especial, durante 2025.

Siempre resultará más sencillo predicar que aplicar cuando lo que se busca es trasladar la propia responsabilidad hacia los demás. Con todo, la Policía se esfuerza en hacer su trabajo de la mano de los portuarios que estiman se requieren más herramientas tecnológicas y pie de fuerza para “reducir la contaminación”, punto central de la lucha. En un negocio tan lucrativo, permear la carga sigue siendo el principal objetivo de las redes. Sobre las formas de control, se podrían discutir e incorporar acciones de los grandes puertos del mundo. Al fin y al cabo, el narcotráfico no es exclusivo de los puertos colombianos. Imaginarlo así es ingenuo. Es posible que la alarmante corrupción institucional sea lo que nos lleva al fracaso.

Conviene también precisar que el narcotráfico que se cuela por los puertos no es el único factor detrás de la criminalidad. En el caso del Atlántico, la evidencia indica que la guerra de bandas locales por el control del microtráfico, extorsión, ‘gota a gota’ o robo de tierras, maquinarias ilícitas que casi siempre suman actores desde lo legal produciendo rentas por miles de millones de pesos anuales, aparecen detrás del aumento de los asesinatos. En definitiva, poner en marcha correctivos eficaces a los desafíos del sector demanda, además de inteligencia estratégica o acciones operativas articuladas, enorme voluntad política para blindar los puertos de la sombra nefasta de la extendida e histórica corrupción institucional.