Inconveniente, inviable, inoportuna, innecesaria, irresponsable. Todos los adjetivos posibles que casualmente empiezan con la letra i han sido usados por analistas, opositores y críticos del presidente Gustavo Petro y de su gobierno que ya ha consumido dos años metido en una constante polémica y en un discurso delirante de golpe blando, de bloqueo institucional, y ahora de constituyente en el que ha mantenido al país, o mejor, llevado a la polarización más extrema posible.

A todos esos adjetivos se le suma el de peligrosa, riesgosa. Se refieren al tema que el presidente de los colombianos puso en la discusión pública desde el pasado mes de marzo cuando en un evento en Cali lanzó su idea de convocar una asamblea constituyente, ante la frustración de la fallida reforma a la salud que ya naufragaba en ese momento en el Congreso.

“La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”. Con estas palabras el jefe de Estado encendió una mecha inacabable y que parece no querer extinguir. Desde el Gobierno han hablado y han promovido distintas vías, por decreto, por acuerdo de paz, por movilización de las bases, en fin.

En ese empeño del presidente Petro, Luis Fernando Velasco tuvo que irse del Ministerio del Interior porque, de acuerdo con su última declaración, embarcar al país en este momento en una constituyente “sería meterlo en una vaca loca”. Al despedirlo en su cuenta de X, el presidente de inmediato marcó la tarea del que sería su reemplazo sin haber revelado su nombre: “Realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno”.

Cuatro días después se confirmó que es el exsenador Juan Fernando Cristo quien asume la tarea con cuatro objetivos que él mismo informó el día de su designación: la búsqueda de un acuerdo nacional que permite explorar a futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, implementar el acuerdo de paz con las Farc, profundizar la autonomía territorial en Colombia y establecer la agenda legislativa que presentará el Gobierno en la legislatura que arranca el 20 de julio.

El orden de las prioridades encomendadas al nuevo ministro deja claro que lo del presidente Petro no es una idea suelta al aire, como a las que ha acostumbrado al país, sino que se trata de un propósito que pretende sí o sí llevar adelante.

Fuera de sus adeptos políticos y hasta ahora uno solo de sus opositores –el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras–, prácticamente nadie se apunta o ve con buenos ojos la intención de reformar la aún joven Constitución de 1991 que reconoció gran cantidad de derechos a los colombianos y les brindó herramientas como la tutela, con la que hasta hoy se han hecho valer esos derechos.

105 años pasaron entre la de 1886 y la vigente para una nueva constitución y ahora el Gobierno, encabezado por uno de los constituyentes del 91, es justamente quien desea refundar y reformar todo lo que se consiguió hace 33 años, y es ahí donde radica el riesgo que han advertido analistas y expertos constitucionalistas. Que en ese ejercicio, aunque se realice al amparo de las normas vigentes, se abra una caja de pandora en la que no se sabe qué va a quedar en el fondo teniendo en cuenta que es imposible anticipar quiénes resultarán elegidos como los asambleístas que tendrían la enorme responsabilidad de redactar la nueva carta magna y el país podría incluso retroceder en muchos derechos fundamentales.

Adicionalmente, es evidente que el país no está políticamente en el mejor momento. Por el contrario la polarización domina el escenario. El presidente no tiene la capacidad de convocar, sino todo lo contrario, con sus discursos tiene una gran capacidad de dividir y mantener lejana cualquier posibilidad de un acuerdo nacional, de ese que mucho se habla pero poco se intenta generar. Si no pregúntenle a los alcaldes del Caribe, a quienes el mandatario vino a cuestionar en su propia región por las tarifas de energía, que son competencia del Gobierno nacional.

No es tiempo para una constituyente. El país y los ciudadanos esperan, como ya se ha dicho hasta el cansancio, que el Gobierno nacional gobierne, ejecute, con las herramientas que ya le brinda la Constitución vigente. Ya lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes: “Tenemos una constitución viva y joven, que prevé los mecanismos de solución de sus conflictos, pero a veces nos falta voluntad y nos falta decisión”.