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Ni errores de los excombatientes en el conflicto ni necesidades o excesos surgidos del mismo, sino crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así, de manera categórica, la Justicia Especial para la Paz (JEP) consideró la política de secuestros perpetrada por la antigua guerrilla de las Farc, cuyos últimos 8 máximos exjefes deberán responder por sus miles de víctimas que, tras esta determinación sin precedentes, se declararon a la espera de justicia, reparación y garantías de no repetición para poder sanar sus heridas aún abiertas por meses y años de espantoso cautiverio e inenarrable sufrimiento en los que fueron sometidos a torturas, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y otras infames conductas.
En este caso, conocido desde ahora como “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, los magistrados de la JEP rechazaron las pretensiones de los exlíderes guerrilleros con las que buscaban justificar sus atroces delitos y luego de la acusación, les dieron plazo de 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. Si reconocen su participación, recibirán sanciones alternativas que contemplan restricciones efectivas de la libertad hasta por ocho años. Si por el contrario, se niegan a asumir su responsabilidad, se exponen a la apertura de un juicio criminal que los podría llevar a prisión durante 20 años.
La decisión de la JEP llega después de dos años y medio de la apertura de este emblemático caso en el que se acreditaron 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública de hechos cometidos principalmente entre 1993 y 2012. Sus desgarradores relatos conocidos durante extenuantes jornadas en las que evocaron con inmenso dolor sus padecimientos en el cautiverio revelan – a juicio del tribunal- un patrón de malos tratos por comandantes, mandos medios y guardianes en todos los bloques de las Farc que emplearon el secuestro como un mecanismo de financiación, convirtiendo a estos seres humanos en objetos transables a los que encadenaban y aislaban como forma de castigo y humillación, obligaban a marchas forzadas, agredían física y sicológicamente, vulneraban su intimidad y asesinaban sin piedad para luego pedir rescate por su cadáver a sus atormentadas familias.
Saber qué pasó, dónde están y recuperar lo que quede de ellos es lo que anhelan los seres queridos de los secuestrados desaparecidos que siguen sin concluir su duelo por cuenta del silencio cruel de las Farc. La JEP, con esta decisión, también obliga a los excomandantes a decir toda la verdad sobre lo ocurrido con ellos y a entregar información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas sobre su paradero. Es lo justo. Si se prolonga la agonía de estas familias, jamás se podrá cerrar este lamentable capítulo del conflicto en Colombia.
Establecer qué ocurrirá con la participación política de los ex jefes de las Farc acusados en este caso, como el senador Julián Gallo, es otro desafío pendiente. Si acepta su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad que le imputan, la JEP deberá determinar si lo inhabilita o no durante el cumplimiento de la restricción efectiva de su libertad. No será una resolución fácil y debería estar amarrada a su compromiso para aportar al reconocimiento del secuestro como un crimen de guerra, sin falsas ni amañadas interpretaciones. Hablar con la verdad absoluta es el único camino para resarcir la deuda histórica con las víctimas del secuestro que, además de un perdón simbólico, demandan una reparación efectiva.
Este es apenas el inicio de la trascendental y descomunal labor a la que está llamada la JEP, como mecanismo de justicia transicional del conflicto armado colombiano. En su agenda están otros procesos claves como el de los falsos positivos que involucra a altos mandos del Ejército. Ni revanchismo ni impunidad. Queda por recorrer un largo y difícil camino en el que se requerirá una enorme suma de voluntades para avanzar en la paz y reconciliación nacional garantizando la justicia que las víctimas merecen.
