Las nuevas pruebas reveladas sobre este entramado de irregularidades, que salpica a funcionarios, le exige al Gobierno menos retórica defensiva y más verdad.
Sin mostrar avances reales que generen confianza, los contratistas de la fase 2 del proyecto piden más plata para terminarlo, lo que despierta nuevas sospechas.
Suspender las vigencias futuras del proyecto amenaza vidas, ecosistemas y finanzas públicas, desconoce reglas y castiga a la región con una inacción costosa.
La rotación de administradores, la deuda creciente y decisiones oficiales sin rumbo mantienen la crisis eléctrica y amenazan a todo el sistema nacional.