El Heraldo
Opinión

Una medida largamente esperada

 Por más reacciones que se desaten, no puede haber un ápice de duda en que la decisión distrital de restringir el mototaxismo y otros sistemas ilegales de transporte fue acertada.

Otra cosa es que esta decisión se haya dado a tiempo. En Barranquilla, como en todas las ciudades y poblaciones del Caribe colombiano, el mototaxismo ha crecido hasta límites peligrosos, contando siempre, como denominador común, con la complicidad de las autoridades. Han desarrollado los mototaxistas un curioso sentido de la solidaridad que los lleva a reaccionar con violencia cada vez que una autoridad intenta restringir el libre accionar que han disfrutado. En los últimos años, alcaldes han pasado por pueblos y ciudades, absteniéndose de asumir medidas drásticas de control, siempre con el temor a los desórdenes e incluso al desgaste político que una medida restrictiva pueda generar. El problema creció. Ahora su solución demanda más esfuerzo.

Decía el profesor Arturo Ardila, director del Grupo de Investigación del Transporte de la Universidad de los Andes, que “el mototaxismo es un problema social que tiene su origen ante todo en la forma como está estructurada la prestación del servicio de transporte público y más importante en el modelo económico colombiano.” Concluye el profesor, en un documento titulado “El mototaxismo: causas y posibles soluciones”, que “la solución de fondo está en realidad en introducirle pequeños cambios al modelo económico colombiano. En particular, igual que ocurre en el Asia, en Estados Unidos y en Europa, el Gobierno nacional debe subsidiar la adquisición de conocimiento al mejorar la educación y al ayudar a las empresas a generar ‘activos basados en conocimiento’ que las hagan competitivas e innovadoras”.

Poco hay que discutir ante tan sesudas conclusiones, excepto la aplicabilidad del modelo propuesto. Quizá lo más interesante planteado por el profesor Ardila sea lo mucho que sus tesis pueden aplicarse al debate que se ha generado en Barranquilla a partir del decreto 001 de 2011. Y empleamos el término “debate” para referirnos a manifestaciones de gremios de motociclistas como Funalcim, que ayer se apartó de los abominables hechos vandálicos protagonizados por algunos integrantes de ese gremio y se pronunció contra el decreto mediante el uso del razonamiento.

La posición, a todas luces condescendiente, de que primero tiene que existir una alternativa laboral para los miles de mototaxistas o al menos un modelo económico que genere esas alternativas, antes de pensar en restringirlos, remite a un requisito de imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que las circunstancias sociales del país, de América Latina y del planeta, son complejas.

Si de eso se tratara, mientras se generaran esas oportunidades laborales, tendríamos que ser apologéticos no sólo con los mototaxistas y los ocupantes ilegales del espacio público, sino también con toda persona que esté —en menor o mayor grado— por fuera de la ley.

El alcalde Alejandro Char y el resto de su equipo de colaboradores han decidido emprender la restauración del orden institucional urbano y lo han hecho sin incurrir en deslices ni concesiones, favoreciendo con acierto a los usuarios legales de la motocicleta, mensajeros y todo tipo de trabajadores que sí están dentro de la legalidad.

¿Faltó socialización? Es posible, aunque quizás un proceso de esa índole hubiese enrarecido el ambiente urbanístico de una manera progresiva sin que siquiera existiera el instrumento legal que ahora existe.

Lo esencial es que no hay ni habrá estadística universal que avale el mototaxismo como una fórmula de transporte público. Las estadísticas que bien enumera el decreto en sus “considerandos” dan cuenta de una accidentalidad que en 2008 correspondió al 66 por ciento y en el 2010, al 45.

Todos en Barranquilla y demás poblaciones sabemos, por experiencia propia, el caos urbano que se genera a partir de los mototaxis y similares, los cuales obstruyen el flujo del tráfico en la ciudad y en muchos casos se convierten en vehículos aptos para la comisión de hechos delictivos.

El clima en Barranquilla está caldeado. Ayer fue un día hirviente e indudablemente persiste la amenaza. Pero bajo ninguna circunstancia puede una sociedad permitir que —bajo la intimidación que pueda surgir de desórdenes y hechos vandálicos— prevalezca la ilegalidad. Es un momento histórico para esta festiva y laboriosa urbe Caribe. De lo que suceda en estos días, Barranquilla podrá sacar conclusiones definitivas para su futuro; especialmente aquella de si es o no una ciudad capaz de hacer cumplir la ley.

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