Muy mal librada sale la Costa Atlántica en el informe más reciente del DANE sobre el estado de la pobreza en el país. En el listado de las 23 capitales departamentales y áreas metropolitanas con más porcentaje de pobres, las siete costeñas se encuentran en la mitad superior del ranking.
Quibdó, capital del depauperado departamento de Chocó, preside la tabla con un 49,9% de habitantes en situación de pobreza. Le sigue Riohacha, con un 43,3%. Después de Florencia, capital de Caquetá, que ocupa el tercer puesto, vienen otras dos capitales costeñas: Sincelejo y Montería. Sigue Popayán en sexto lugar, y, una vez más, la escoltan otras dos ciudades del Caribe: Santa Marta y Valledupar. Tras Cúcuta y Pasto (noveno y décimo puesto, respectivamente), cierran la mitad de la lista Cartagena y Barranquilla.
El DANE ofrece también datos regionales sobre el comportamiento del denominado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que se elabora con base en 15 variables relacionadas con la educación, la calidad habitacional, los servicios básicos, la salud y las condiciones laborales. Y en este apartado también hay que lamentar los resultados de la Costa Atlántica, que ocupa un nada honroso segundo lugar en pobreza, tras la Región Pacífica (excluido Valle del Cauca).
Dentro de este escenario, sin duda negativo, hay que resaltar, como dato esperanzador, el avance que han experimentado absolutamente todas las capitales costeñas –unas más que otras, cierto– en los esfuerzos de reducción de la pobreza. Sin embargo, dicho esfuerzo sigue siendo insuficiente para sacar a nuestra Región del furgón de cola de Colombia en materia socioeconómica.
En el caso de Barranquilla y su área metropolitana, por ejemplo, la pobreza se redujo 1,3 puntos porcentuales en 2013 con respecto a 2012 hasta situarse en el 29,1%. Por supuesto hay que aplaudir este descenso, por pequeño que parezca. Sin embargo, cuando se comparan estas cifras con las de Bogotá o Bucaramanga (con índices de pobreza por debajo del 10,5%) o incluso con las de Medellín o Manizales (por debajo del 17%), resulta inevitable preguntar qué se ha hecho mal para que se haya producido esta diferencia abismal entre la Costa y otras regiones del país.
Quizá esa reflexión sobre los errores cometidos en el pasado puedan resultar de alguna utilidad para acometer el futuro, en un momento histórico en que la Región Caribe tiene en sus manos decidir si continúa en el atraso o si pega un salto decisivo hacia la modernidad y el desarrollo.
Aunque en algunos departamentos y municipios costeños han llegado al Gobierno en los últimos tiempos equipos cualificados de gestores, la sensación generalizada es que falta mucho para que la eficacia administrativa se expanda a toda la Región. Además, entre los ciudadanos costeños existen dudas más que fundadas sobre la idoneidad de sus representantes políticos, en todos los niveles legislativos, para trabajar sinceramente por el bien común y sacar a la Región de su proverbial atraso. Esos políticos tienen ante sí el difícil reto de convencer a los ciudadanos de que trabajan por el bien de la comunidad.
Por supuesto que no es sencillo pasar de un día a otro de ser una región zaguera a estar en la vanguardia del país. Se trata de procesos lentos, sostenidos en el tiempo, y que exigen el compromiso de sucesivas administraciones y legisladores.
Para que la Costa salga de su agujero no hay otro camino que replantear a fondo la forma de gobernar y de ejercer la política en nuestra Región.
