Sociedad Puerto de Barranquilla tiene dos demandas contra el Estado
Un tribunal de arbitramento definirá reclamo de USD16 millones por contraprestación portuaria mal liquidada. Demandó a Cormagdalena por problemas en el canal de acceso.
La Sociedad Portuaria Puerto de Barranquilla avanza en dos litigios legales contra el Estado. Por un lado hay una demanda por un monto cercano a los USD16 millones por el pago de una contraprestación portuaria mal liquidada y por otro, hay un proceso contra Cormagdalena por afectaciones generadas por los problemas de calado del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.
El presidente de la sociedad portuaria, René Puche, explicó que la primera demanda data de 1999 cuando la compañía realizó el pago de una contraprestación mayor a la que le correspondía. “Ese dinero se pagó de más, con el fin de evitar sanciones mayores”, manifestó.
“En 2018, el Consejo de Estado falla a favor del Puerto de Barranquilla (en última instancia), pero establecimos una demanda al Estado para que devuelvan el dinero con los intereses pendientes que por ley nos corresponden”, expresó Puche.
Es así como la sociedad entró en un proceso con el Estado para definir el monto adeudado que incluye los intereses a la fecha. Esta suma se calcula entre USD15 y USD16 millones.
“Hemos intentado de ambas partes ponernos de acuerdo y no hemos podido, no ha habido ningún tipo de conciliación, pero el dinero es nuestro, lo que hay que definir es el monto, estamos esperando que los jueces de la República digan exactamente cuánto es, esa es la realidad de lo que está sucediendo”, agregó.
El empresario, quien no descarta la posibilidad de llegar a una concertación, señaló que están en un tribunal de arbitramento con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para definir el monto a pagar.
La Sociedad Portuaria Puerto de Barranquilla también interpuso una demanda contra Cormagdalena con la cual busca una indemnización por los perjuicios ocasionados por los problemas de profundidad en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.
Aunque el valor de la demanda es confidencial ya que hace parte del expediente del proceso, Puche explicó que recoge las pérdidas e ingresos dejados de percibir por la sociedad portuaria debido a las dificultades con la operación en el canal entre los años 2017 a 2019.
La compañía indica que Cormagdalena incurrió en incumplimiento de su obligación de garantizar las condiciones operativas para la navegabilidad en el canal de acceso.
Producto de estas condiciones desfavorables, varios barcos tuvieron que ser desviados a otros puertos para aligerar carga y poder ingresar a la zona portuaria.
Otra acción legal contra el Estado por el canal de acceso es la demanda de acción popular presentada en 2021 por la Procuraduría General de la Nación en contra del Ministerio de Transporte y Cormagdalena por la vulneración y amenaza de derechos colectivos derivados de la falta de condiciones de navegabilidad del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Esta fue admitida el 8 de marzo de 2022.
Asoportuaria coadyuvó la demanda presentada, con el fin de velar por la seguridad, operación, competitividad, así como de realizar actividades de seguimiento y veeduría de las obras para el mantenimiento, ampliación y profundización del canal de acceso.
De acuerdo con el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, la intención es “trabajar armónicamente con las entidades públicas y privadas para garantizar que el comercio internacional pueda realizar operaciones en la zona portuaria de Barranquilla de manera eficiente y segura”.
