El Heraldo
Economía

Rebaja de aranceles aviva polémica en la industria del acero

Aseguran que la medida pone en riesgo a más de 45 mil empleos que generan las empresas del sector.

La decisión del Gobierno nacional de reducir el arancel para las importaciones de varillas de acero del 10% al 5% avivó la polémica que desde hace varias semanas enfrenta a la industria nacional del acero y al sector de la construcción.

Esta medida fue adoptada por recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios, y de Comercio Exterior (Comité Triple A) y aplica por seis meses con prórroga automática de seis más, previa revisión del mismo Comité.

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) aseguró que la medida pone en riesgo a más de 45 mil empleos directos e indirectos y es un duro golpe a la inversión extranjera en el sector que representa más de USD620 millones.

El Comité que agrupa a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc S.A. y Ternium, empresas que representan el 100% de la producción nacional, afirmó que la medida es ineficaz pues no tendrá efectos sobre la estructura de costos de los proyectos VIS en el país y no lograra ninguna reducción efectiva en el precio final del productor pero sí afectará la industria que está en la capacidad de abastecer la demanda y que tendrá que competir con países cuestionados mundialmente por prácticas anticompetitivas.

Las empresas señalaron que actualmente se puede importar con 0% de arancel desde unos cuarenta países con los que Colombia tienen Tratado de Libre Comercio y que la reducción aplicaría solo a productos provenientes de China, Turquía, Ucrania y Rusia.

Afirmaron que estos países son “cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria”.

Destaca que la construcción cuenta con importantes subsidios otorgados por el Estado ya que es un gran motor de crecimiento que han apoyado desde la industria.

Una de las grandes virtudes del dinamismo en construcción es que genera demanda y encadenamientos de otros sectores, permitiendo que el esfuerzo fiscal beneficie a grupos más amplios de la economía. El beneficio efectivo que esta medida puede tener para un constructor de vivienda se estima en tan solo el 1,2% en su costo directo, sin embargo, pone en peligro la viabilidad de todo un sector. Este cálculo se hace tomando como referencia los datos reportados por los constructores, donde la participación del acero en la vivienda VIS representa cerca del 10% del costo directo de construcción.

“La reducción de este arancel equivale a la firma de un TLC express con países como Turquía y China, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio. Se está castigando a una industria que durante la pandemia no sólo mantuvo el 100% de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones del país. Además, la industria se ha recuperado teniendo un aumento de la producción nacional del 48% en lo corrido del año y un incremento de las importaciones del 91%”, dijo María Juliana Ospina, directora del Comité de Productores de Acero de ANDI.

Para el gremio, una medida de esta naturaleza tiene un costo fiscal que superará los $18.000 millones que serán asumidos por el Estado, además, se convierte en un antecedente perjudicial para la inversión privada y el crecimiento económico del país, ya que sin duda genera desconfianza en actuales y potenciales inversionistas que no ven estabilidad en las condiciones de juego existentes en el mercado colombiano.

“Nos preocupa mucho esta noticia. Ahora tendremos que medir el impacto en nuestra operación; y las medidas para poder hacer frente a esta baja de arancel. En cualquier caso, se afectará la industria de Colombia; y en consecuencia sus trabajadores y sus familias y los beneficiados serán empresas de países que operan en competencia desleal. Es un retroceso”, afirmó Sebastián Castro, presidente de Ternium.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) dijo que la reducción arancelaria para la importación de barras y alambrón de acero usado en la construcción de edificaciones, es procedente y coherente con la reactivación económica, la generación de empleo, la construcción de la vivienda social y los proyectos de infraestructura urbana y equipamientos sociales. 

La presidente ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, afirmó que “esta recomendación, y su pronta puesta en marcha, es fundamental para el proceso de reactivación económica del país, la generación de empleo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda de los colombianos”.

Indicó que la rebaja del arancel atiende al interés de los más de 4 millones de trabajadores del sector de la construcción, los 400 mil colombianos que se benefician de la vivienda social anualmente, y de un tejido empresarial que representa la mitad del aparato productivo del país en un sector que genera inversiones equivalentes a 8 puntos porcentuales del PIB anualmente.

Recordó que los precios del acero usado en la construcción de vivienda muestran aumentos de 60% en algunas ciudades del país, y hay escasez y demora en la entrega del producto en las obras.

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