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En el país hace falta definir una política pública para la valoración precisa de los costos ambientales.
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Economía

Minería: los costos ambientales de su operación

En el país se ha hecho evidente la necesidad de diseñar una política que precise cuál es el impactos real de las actividades extractivas.

Dada la importancia de las actividades extractivas en la estructura económica colombiana, el desempeño de las compañías del sector constantemente es centro de interés nacional. Precisamente, a raíz de la controversia desatada por el aparente daño ambiental causado por empresas como Cerromatoso y Drummond, se reabrió el debate sobre el impacto que estas actividades generan en el medio ambiente.

No es para menos, la locomotora minero-energética es la que mejor ritmo ha tenido los últimos años: el sector pasó de representar el 4,2% del PIB en 1990 a casi 15% en 2012, el equivalente a US$ 55.000 millones.

El problema es que esta es una actividad concentrada, donde se invierte más en capital que en mano de obra, lo cual hace que los buenos resultados no se vean reflejados directamente en la economía real, por ejemplo en el comportamiento del empleo. Sin embargo, representan ingresos importantes para el Estado (según un informe de la Anif, los ingresos de la nación por conceptos minero-energéticos pasarán de $9,3 billones en 2011 a $23 billones en 2021, incluyendo impuestos, utilidades y regalías), por lo que es pertinente analizar los costos ambientales de esta actividad.

Leonardo Di Mare Pareja, ingeniero ambiental y profesor de posgrados de Uninorte, explica que un sistema que efectivamente reduzca las afectaciones ambientales requiere primero de que se defina una política para la valoración precisa de los costos ambientales; a partir de ahí se podrá determinar en qué condiciones resulta conveniente licenciar o no.

De esta forma se licenciarían proyectos con actividades de control realmente efectivas y la vigilancia de los mismos podría hacerse a costos razonables. “Cualquier actividad humana genera impactos ambientales, de manera que el objetivo no debe ser regular contra el daño ambiental, sino establecer qué impactos son necesarios asumir para obtener los recursos que la sociedad demanda para el desarrollo de sus demás actividades”, señala Di Mare.

Costos ambientales. Usualmente, los estudios que evalúan los costos económicos de la degradación ambiental por causa de actividades extractoras reportan que estos se reflejan principalmente en los costos médicos generados por la polución del aire y la contaminación de fuentes hídricas, así como el costo por la degradación de los recursos naturales.

En este sentido, el Banco Mundial realizó un análisis para India denominado “Diagnostic assessment of select environmental challenges in India”, donde encontró que la degradación ambiental causada por actividades de minería, agricultura, transporte, industrial, generación de electricidad, restringe el crecimiento económico de ese país al costar aproximadamente US$80.000 millones anuales, o el 5,7% del PIB al año.

Si se aproximara el costo en India a Colombia, un impacto negativo del 6% del PIB por actividades económicas que afectan el medio ambiente es mucho menor que los beneficios que reporta solo el sector minero-energético (15% del PIB).

Debilidades para evaluar. A la hora de evaluar los costos económicos de la degradación ambiental, afirma Di Mare, por lo general los estudios dejan por fuera el costo de oportunidad de las actividades que pudieran realizarse en caso de no adelantar, por ejemplo, la minería, así como los costos de los cambios sociales generados en las poblaciones vecinas, que pueden ser tan positivos como negativos dependiendo de la forma en que las mismas se adapten a los nuevos actores económicos. Así que los costos medidos subestiman en gran medida los efectos.

Por su parte David García, investigador del IEEC de Uninorte, dice que uno de los aspectos más discutidos en materia de evaluación ambiental tiene que ver con el hecho que la normatividad le permite hacer los estudios de impacto a quien se le otorga la licencia. “Aunque existan estándares de evaluación, pueden existir sesgos de información en la calidad de los estudios”, agrega.

A esto se suma que al intentar medir los impactos reales de actividades como minería sobre el ambiente, y establecer su costo económico, el grado de dificultad aumenta.

Según Di Mare, aún con registros epidemiológicos es muy difícil esclarecer si las afecciones respiratorias en la población obedecen más al material particulado liberado por las actividades mineras que al tabaquismo o al empleo de carbón vegetal para cocinar. Tal objeción es similar en el caso de la contaminación hídrica, que puede ser causada tanto por las actividades mineras como agropecuarias.

Gastos para recuperar recursos

El gobierno nacional de Colombia destina un conjunto de recursos anualmente orientados a la protección ambiental. Durante los años 2010-2012, el presupuesto se dirigió principalmente al manejo y tratamiento de aguas residuales, protección a la biodiversidad, gestión ambiental y protección del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

En 2012 el gasto fue de $2.229,6 mil millones (29,3% menos respecto al gasto registrado en 2011). Consecuentemente, el indicador del gasto en protección ambiental respecto al PIB disminuyó de 0,51% en 2010 y 2011 a 0,33% para 2012. Resulta muy complejo descifrar cuánto de este presupuesto va dirigido a reparar los efectos de las actividades minero-energéticas, pues es difícil descifrar exactamente los efectos negativos y sus consecuencias en la salud de las personas, por ejemplo.

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