El Heraldo
Economía

Regular servicios públicos pone en riesgo inversiones en el sector: gremios

Las empresas aseguraron que se debe “mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los servicios de electricidad y gas natural”.

Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro el pasado jueves de que asumirá las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos domiciliarios en el país, los gremios de energía y gas se pronunciaron al respecto.

A través de un comunicado, los gremios aseguraron que era necesario que se respete la seguridad jurídica e institucional y expusieron cuáles son los riesgos sobre el anuncia del mandatario de controlar y vigilar las tarifas de los servicios públicos en Colombia.

En la misiva firmada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación de Energías Renovables (Ercolombia), en cuatro puntos expresaron su posición al respecto del anuncio del presidente Petro

En el primer punto, aseguraron que los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

En el segundo mencionaron que las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos.

Dentro del tercer punto, los gremios manifestaron que era fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.

Por último, en nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial.

Cabe recordar, que en el anuncio que realizó el jefe de Estado, fue enfático al decir que esta medida, de carácter temporal, se toma en defensa de los usuarios y servirá para ponerle un freno a la tendencia alcista de las tarifas, especialmente las de energía.

“De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”, señaló Petro en su cuenta de Twitter.

El mandatario, frente a diferentes cuestionamientos que ha recibido por el anuncio, precisó que tiene las facultades para hacerlo. “Propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”, aseveró.

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