El Heraldo
Economía

Gremios del Atlántico alertan de organizaciones dedicadas a invadir tierras

En una carta conjunta las organizaciones gremiales solicitan respuesta oportuna y eficaz frente a los casos.

Varios gremios económicos del Atlántico hicieron un llamado “urgente” a las autoridades de locales, regionales y nacionales para que emprendan acciones orientadas a poner freno a las organizaciones que se dedican a la actividad ilícita de invadir terrenos en Barranquilla y otros municipios del departamento.

El llamado de los gremios es a que los entes como la Fiscalía, la Procuraduría, las alcaldías municipales y la Gobernación del Atlántico coordinen con la Policía el refuerzo de las respuestas a las denuncias que se presentan y se protejan los bienes privados.

“Dada la magnitud del problema y los alcances de las organizaciones criminales que cometen estos delitos, se requiere la acción articulada de todas las instancias del poder público que tienen injerencia directa e indirecta en su solución”, señalan los gremios.

Se espera que de esta manera se enfrente coordinadamente y con todos los instrumentos jurídicos y policivos a su alcance, “a quienes se han dedicado al rentable negocio de la expropiación por vías de hecho, las cuales derivan incluso en amenazas contra las vidas de los legítimos dueños de los predios invadidos, de quienes los defienden y de todo aquél que se atraviese en su plan criminal”.

Los gremios que envían la carta, entre otros, son la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Atlántico, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional, la Corporación Lonja de Propiedad Raíz, la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO) y Asoganorte, se suman el Grupo Argos, el Grupo Marval, Construcciones e Inversiones Beta, y Valorcon.

El presidente de la junta directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Atlántico, Rafael Madero, dijo que hay casos en que estos grupos han permeado a las mismas entidades que deberían realizar las acciones de vigilancia, investigación y control.

“Este fenómeno de invasiones está sucediendo en municipios como Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Galapa y otros. Son unas mafias bien organizadas”, indicó el dirigente gremial.

El comunicado de los gremios destaca que desde hace varios años viene creciendo en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla esta actividad delictiva organizada de invasiones de tierra.

“Se trata de un negocio criminal bien establecido que amenaza a toda la comunidad y requiere la intervención urgente de la institucionalidad para hacerle frente”, señalan.

Explican que el modus operandi más frecuente consiste en hacer penetrar por la noche en el predio un grupo de hombres armados que tras sacar bajo amenazas al cuidandero, proceden a derribar la casa de éste y construyen con impresionante rapidez nuevos inmuebles en el lote.

“Con frecuencia, al día siguiente, con maquinaria pesada descapotan el terreno y proceden a colocar una valla con un aviso de “Amparo Policivo”, casi siempre con más de un año de antigüedad, espurio, pero firmado por inspectores de policía que ya no lo son”, agregan.

Precisan que los delincuentes conforman una estructura organizada que cuenta con hombres armados, maquinaria pesada, abogados sin escrúpulos y hasta funcionarios públicos que ponen la justicia y fe pública a merced de los intereses de estos actores.

Su actuar es casi siempre similar: falsifican escrituras, hacen registros fraudulentos, amenazan a testigos, compran a funcionarios, consiguen amparos policivos espurios y, una vez dentro, micro parcelan el terreno y lo ofrecen masivamente.

“Miles de familias se ven amenazadas por la incursión ilegal de estos grupos en la zona metropolitana: desde los propietarios de los lotes, hasta los terceros de buena fe que caen en su fraude comprando tierras que nunca pueden ser registrada, muchas veces con sus ahorros de toda la vida”, agrega el comunicado.

Precisa que la “inacción” de los funcionarios municipales para exigir el cumplimiento de normas urbanísticas y licencias de construcción viabilizan el negocio informal de urbanizaciones piratas, permitiendo la monetización del delito estimulando su razón de ser.

Recuerdan que la cantidad de irregularidades encontradas es tal, que la Supernotariado intervino la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad y convocó, en compañía de la Defensoría del Pueblo, a una audiencia pública para escuchar a todas las víctimas de esta alarmante situación.

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