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Contraloría alerta sobre riesgos con proyecto de Regasificadora del Pacífico

El organismo de control advierte sobre los efectos tarifarios que tendría en los usuarios el modelo de remuneración de la planta regasificadora.

La Contraloría General de la República estrenó el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.

Allí señala varios riesgos que se corren con el mismo, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años.

Con el control fiscal y preventivo que realizó en este caso la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.

La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)- existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años).

Esto haría necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta.

La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.

La convocatoria pública de la UPME tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.

Preocupante impacto tarifario

En cuanto a los impactos tarifarios, según lo informado por la CREG a la Contraloría, estos solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto.

Sin embargo, la evaluación preliminar de la UPME, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.

Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto 

Riesgo ambiental

No se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la UPME o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la Autoridad Ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto.

Si bien es cierto este licenciamiento corresponderá gestionarlo al adjudicatario, en la etapa de planeación se deberían considerar los tiempos y así establecer su posible afectación sobre la fecha prevista para tener la infraestructura necesaria para el aprovechamiento del gas importado.

Posición de Naturgas sobre la planta de regasificación del Pacífico

“Le hemos planteado al Gobierno nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural. Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66% de la capacidad”, afirma Andrés Sarmiento Grisales, presidente encargado de Naturgas

 

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